En apoyo del juez Baltasar Garzón

La actuación del juez Garzón, en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad
cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio
de 1936 y la guerra civil y la posguerra, perseguía buscar a las personas desaparecidas y recuperar sus restos
mortales de las personas asesinadas y verificar los hechos y la relevación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las
víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con
la Ley de la Memoria Histórica, en interés siempre de las víctimas.
El Tribunal Supremo, en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en relación a
la causa contra los crímenes del franquismo, que tienen una evidente trascendencia histórica, social y jurídica,
ha admitido querellas, interpuestas por grupos ultraderechistas, alegando una presunta prevaricación del
juez Garzón en su investigación sobre los crímenes del franquismo. Crímenes consistentes en el plan sistemático
y preconcebido de eliminación o exterminio de oponentes políticos, muchos de ellos por su condición de sindicalistas.
Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo persiguen injustamente al juez Garzón también por
otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso Gürtel.
Por otra parte, en las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces respecto al juez Garzón, parecen estar
pesando razones extrajudiciales.
Considerar que un juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que está motivado
y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial. La
persecución del juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad española, y también en
el ámbito internacional.
Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra
la Humanidad del franquismo, hubieran hecho imposible, también, el Proceso de Nüremberg contra los criminales
nazis.
Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho en el
que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la corrupción
política.
La especial gravedad de estos hechos, relacionada con el contenido esencial de la democracia en España, nos
obliga a CCOO y UGT a un pronunciamiento al respecto, porque afectan a la lucha antifranquista y a la
memoria histórica de una parte, y a la persecución y castigo de la corrupción de otra.
Para UGT y CCOO ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial.
CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su solidaridad en estas horas con el juez Garzón y el reconocimiento
de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos; y también exigimos al Tribunal
Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el juez Garzón y que resuelva ya las
cuestiones pendientes, en su sede, sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo.

DECLARACIÓN DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) Y COMISIONES OBRERAS
(CCOO) EN APOYO DEL JUEZ BALTASAR GARZÓN.

Madrid, abril de 2010

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Carta abierta a las autoridades judiciales españolas en solidaridad con el juez Baltasar Garzón

Señores

Magistrados Tribunal Supremo

Sala de lo Penal

Señor Fiscal General del Estado

Cándido Conde-Pumpido Tourón

Los juristas, abogados, jueces, académicos y defensores de derechos humanos de distintas nacionalidades abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra perplejidad frente a la decisión de 3 de febrero de 2010 del magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ,en la causa especial Nº: 20048/2009, contra el juez Baltasar Garzón, decidiendo continuar la investigación judicial manteniendo su condición de imputado por el presunto delito de prevaricación judicial1.

La querella fue abierta en contra del juez Garzón por haber intentado cumplir con la obligación que tiene pendiente el Estado español de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista, en particular por los crímenes de desaparición forzada. Se le sindica de desconocer la ley de amnistía de 1977, de violar el principio de la irretroactividad de la ley penal, el principio de legalidad y la prescripción de la acción penal.

El 31 de octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por los obstáculos a los que llevan años enfrentándose las víctimas en España para obtener verdad, justicia y reparación; e instó a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. También pidió al Gobierno que estableciera una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, y que garantizara la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y su restitución a los familiares.

La llamada ley “de la Memoria Histórica” de 2007 no contempló las medidas adecuadas ni suficientes a favor de las víctimas. Contrario a lo afirmado en su auto por el magistrado instructor en contra del Juez Garzón, dicha ley le habilita para actuar a favor de las víctimas al haber ordenado las exhumaciones, al establecer la ley que ésta “es compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.

La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crímenes, que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico español.

Los delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero o desapariciones forzadas, son un crimen de consumación permanente que se sigue cometiendo hasta que no se establezca el paradero de las víctimas, por lo cual no son sujetos de prescripción penal. Cuando se han realizado de manera sistemática, masiva y generalizada como sucedió durante la guerra civil y la dictadura franquista, son considerados crímenes de lesa humanidad por tanto no objeto de amnistía, ni de indulto. Frente a este tipo de crímenes no se reconoce la irretroactividad de la ley penal interna por estar vigentes en el momento de los hechos en el acervo del Derecho internacional y el principio de legalidad, se complementa con las disposiciones internas y el Derecho internacional de los derechos humanos.

Agrega el magistrado instructor en contra del Juez Garzón : “Desde luego los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido”.

Ciertamente el Juez Garzón, actúa en su obligación con la justicia y con los derechos humanos, el altruismo puede hacer parte de sus convicciones personales, pero lo que está en discusión es el saldo pendiente que tiene España en cumplir con los derechos de las víctimas de la dictadura franquista y con las obligaciones internacionales del Estado español en materia de derechos humanos.

El magistrado instructor reprocha al juez Garzón el no considerar como conexos al delito político los hechos denunciados y no haber asumido la aplicación de la ley de amnistía de 1977, sin embargo la propia ley establece en su art. 1 que la misma no se aplicaría a hechos que hayan “supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”,


La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por España el 24 de septiembre de 2009, considera en su art. 13 “el delito de desaparición forzada no será considerado delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos”.

La Convención reconoce en su art. 24 por “víctima” la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada y señala que cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida”. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”.

Por tanto, expresamos ante ustedes señores magistrados, nuestra perplejidad ante la utilización del tipo de prevaricación judicial en contra del juez Baltasar Garzón, pues el operador judicial siempre tiene un margen de interpretación en la aplicación de la ley y si lo hace a favor de las obligaciones del Estado en derechos humanos, sus actuaciones no podrían considerarse como irrazonables o antijurídicas so pena de afectar los principios básicos de la administración de justicia penal para investigar, sancionar, reparar y prevenir frente a todo tipo de crímenes y en particular aquellos que revierten el carácter de internacionales, como es el caso que aquí nos ocupa2.

También manifestamos nuestro reconocimiento al juez Baltasar Garzón porque ha llevado sus actuaciones a favor de reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, más allá de las fronteras de España, convirtiéndose en un importante baluarte que ha hecho evolucionar en los últimos lustros el derecho penal internacional, haciéndose acreedor de un merecido reconocimiento mundial.

Esperamos por tanto que la máxima de Quevedo “donde hay poca justicia es un peligro tener razón” pueda ser por ustedes invertida para que haya ­en España mucha justicia y mucha razón, que permita a las víctimas ser resarcidas en sus derechos y, jueces como Baltasar Garzón ser apoyados en sus actuaciones a favor del cumplimiento de las obligaciones de España frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para bien del pueblo español pero de la humanidad en su conjunto.

De ustedes con mucho respeto

Enviar adhesiones  a: apdhe@telefonica.net

Luis Acebal APDHE

1 Auto publicado en la edición electrónica del periódico El País, el 4 de febrero de 2010.

2 Caracteristica principal, según la jurisprudencia española de un acto judicial calificable de prevaricación

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