Garzón pide ayuda a juristas de Chile y Argentina

España. Célebre juez español fue acusado en su país de prevaricato. Todo empezó cuando abrió investigación por la Guerra Civil
y crímenes del franquismo.

Jorge Sainz. Madrid. AP.

El juez español Baltasar Garzón solicitó que juristas de prestigio internacional, entre ellos varios magistrados de Chile y Argentina, declaren a su favor para evitar que se le acuse de prevaricación.

El Tribunal Supremo consideró la semana pasada que podrían existir indicios suficientes para juzgar a Garzón por su fallida investigación sobre la guerra civil y los crímenes del franquismo.

El magistrado español, a través de su abogado, presentó el último recurso de apelación posible, con el que espera eludir un juicio que pondría punto y final a su rutilante carrera profesional.

El abogado de Garzón en el caso, Gonzalo Martínez-Fresneda, pidió al Supremo la comparecencia en calidad de testigos del ministro de la Corte Suprema de Justicia de Argentina Eugenio Raúl Zaffaronni –uno de los jueces que redactó la sentencia de 2005 que declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida– y de Juan Guzmán Tapia, un magistrado que instruyó varios procesos contra la dictadura de Augusto Pinochet.

En 2008, Garzón abrió un sumario que fue interpretado como la primera gran causa general contra la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). El magistrado consideró que las desapariciones y detenciones sistemáticas de los opositores republicanos al régimen franquista constituían un delito de crímenes contra la humanidad.

La Fiscalía rebatió los argumentos de Garzón, asegurando que los delitos prescribieron por la Ley de Amnistía promulgada en 1977.

El dato

Fama. Garzón, representante de la justicia universal en España, ha copado durante años los titulares del mundo gracias a procesos como el del ex dictador Augusto Pinochet.

http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100212/16/node/249625/todos/10

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La universidad también apoya a Garzón

El Grupo de Investigación sobre Derecho y Justicia de la Carlos III denuncia la “incapacidad” del Estado español para resarcir la memoria de los represaliados por el Franquismo y acusa al juez Varela de “despreciar” a las víctimas.
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. 11.02.2010

A los apoyos de determinados círculos de la judicatura al juez Baltasar Garzón se suma ahora la universidad.

En el marco del Seminario Internacional de Derecho y Memoria Histórica que se celebra esta semana en la Universidad Carlos III de Madrid, y en el que han participado, entre otros, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia considera que la imputación del juez de la Audiencia Nacional por un delito de prevaricación y la inmediata suspensión de funciones que se prepara “ponen a la democracia española ante una triste realidad: el único perseguido penalmente en relación con los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista (persecución, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas) es el titular del Juzgado Central de Instrucción. 5 de la Audiencia Nacional (Garzón), que fue el único juez que inició una investigación para su depuración”.

En una nota a la que ha tenido acceso nuevatribuna.es, este grupo manifiesta que el auto del juez Instructor Luciano Varela “desprecia esta terrible realidad y se inscribe en la secuencia de actos políticos consumados desde los últimos años de la dictadura y la transición para garantizar la impunidad de los criminales y para impedir el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y la reparación del inmenso daño sufrido por las víctimas”.

En este sentido, consideran que de lo que se está hablando es de “crímenes de Estado” y que, por tanto, “la actuación desconoce la legalidad internacional que obliga al Estado español, también a sus tribunales, a proteger a las víctimas frente a las más graves violaciones de los derechos humanos”.

Por todo ello reiteran su denuncia por “la incapacidad que ha demostrado el Estado español para resarcir y dignificar la memoria de los represaliados por el franquismo y de los defensores de la República, de los derechos humanos y de la legalidad democrática”, así como la resolución del Juez Varela “como un acto contrario a la cultura democrática y a los derechos humanos, porque una vez más se vuelven a despreciar los sentimientos de las víctimas de la represión”, concluyen.
http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=28507

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