Falange y Manos Limpias carecen de legitimidad en el caso Garzón

Nuevo varapalo de la Fiscalía del Tribunal Supremo contra las dos organizaciones ultraderechistas que pretenden sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional. Se cuestiona sobre todo la figura de la acusación particular como motor de la causa. De ella ha dicho el ministro de Justicia que provoca “muchísimos problemas” y que “llama la atención” fuera de España.
> La Justicia, cada vez más cuestionada
> “El árbitro no puede ser sospechoso de estar vendido”

NUEVATRIBUNA.ES – 22.4.2010

En el escrito que ha presentado ante el Tribunal Supremo, la Fiscalía esgrime, precisamente, que no se puede juzgar a Garzón sólo con la acusación de la acción popular que han impulsados las dos organizaciones ultraderechistas, de las que afirma que “carecen de legitimación procesal para instar la causa” y poner de manifiesto las contradiciones del instructor Luciano Varela cita el “caso Atutxa”, en el que se pronunció a favor de restringir la acción popular en el procedimiento contra el entonces presidente del Parlamento Vasco. Recuerda la Fiscalía que la propia sentencia del caso Atutxa (se le condenó por desobedecer al Supremo al no disolver el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento Vasco), está aún pendiente de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, donde el fiscal alega vulneración del principio de igualdad, uno de los motivos formulados”.

Se coloca por ello la Fiscalía a favor de la denominada “doctrina Botín”, que impidió el procesamiento del banquero con la única acusación de la acción popular, y añade que “siendo fácilmente constatable” la ausencia de acusación particular en la causa contra Garzón“y manteniendo el Ministerio Fiscal una postura contraria a la consideración de los hechos de las querellas constitutivos del delito de prevaricación”, el instructor Luciano Varela debió instar el sobreseimiento. “Opinar lo contrario sería tanto como afirmar que la acusación popular cuenta con mayores facultades procesales, como lo es sin duda instar de forma autónoma la apertura de juicio oral por el mero hecho de no personarse una acusación particular, que representa unos intereses cualitativamente distintos de los que pretende tutelar la primera, cuando además el Ministerio Fiscal, en cuanto órgano constitucionalmente encargado de velar por el interés público y social, mantiene una posición contraria a la apertura de juicio oral”.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abogó recientemente por que la ley ponga fin a las acciones populares cuando éstas se conviertan en “fiscalías paralelas” que defiendan “intereses espurios” en “querellas mediáticas” que trasladen a la Administración “problemas que, o no existen, o no tienen como cauce adecuado de resolución el sistema de Justicia penal, sino que deben ser resueltas en el foro político o en otras instancias sociales”. El propio instructor de la causa contra el juez de la Audiencia Nacional, el magistrado Luciano Varela, ha reprochado a Manos Limpias y Falange que hayan utilizado sus escritos de acusación para verter “hechos ajenos” al proceso.

Es más, el Ministerio Fiscal solicitará al instructor de la causa que no decrete la apertura de juicio oral por falta de legitimación activa en la acción popular, es decir, por entender que, en este caso, es aplicable la “doctrina Botín”, en la que se fijó que no se puede juzgar a nadie sólo con la acción popular. En esa doctrina, el Supremo estableció que en las causas que se tramiten como Procedimiento Abreviado –como con la relativa a la Memoria Histórica– no se podrá abrir juicio oral al acusado si sólo lo solicita la acusación popular. Estos serán los dos principales motivos que sostendrá el fiscal en su escrito, en el que pedirá al instructor que decrete el sobreseimiento de la causa.

La Fiscalía del Supremo considera además que no hay motivos para juzgar al juez Baltasar Garzón porque no incurrió en delito alguno al investigar y cesar posteriormente en su investigación sobre los crímenes durante el franquismo.

Pero volviendo al asunto de la acusación popular, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha lamentado este jueves los “muchísimos problemas” que provoca, tanto en el ámbito jurídico como político, el hecho de que esta figura tenga “márgenes tan amplios” de interpretación. En declaraciones a la SER, el ministro ha señalado que si ahora se vuelve a abrir un debate sobre esta figura, el Tribunal Supremo deberá pronunciarse al respecto y ha pedido abrir una reflexión sobre esta figura ya que la pregunta es “cómo es posible que alguien pueda ejercer una acción penal si no es víctima del delito ni es el fiscal”. Y ha comentado: “Llama mucho la atención”.

En relación con la Ley de Amnistía, no se ha mostrado partidario de su revisión puesto que, a su juicio, debe ser interpretada en el contexto histórico en el que está situada, en 1977, cuando respondió a las necesidades de los españoles de aquella época. “Ha cumplido su cometido”, ha dicho Caamaño y ha abogado por desarrollar la “mal llamada” Ley de Memoria Histórica para igualar los derechos y las prestaciones derivadas de consecuencias de guerra.

Ha señalado que asuntos como la causa contra Garzón suscitan la “perplejidad” de la opinión pública pero se ha quejado de que puedan “oscurecer” otras muchas tareas que resuelve a diario la Administración de Justicia. Tras defender la presunción de inocencia del magistrado de la Audiencia Nacional, ha defendido el respeto a las instituciones que, según sus palabras, es también fundamental. Los ritmos políticos, ha puntualizado, son “mucho más acelerados e inmediatos que los de la Justicia”. Y ha concluido diciendo que “este probablemente sea otro de esos supuestos claros, por lo que hay que respetar al Tribunal Supremo y dejar que realice su trabajo y encuentren una resolución justa y fundada al Derecho”.

> PDF: Escrito del fiscal sobre Garzón

nuevatribuna.es

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Intervención de José María Mena en el acto de solidaridad con Baltasar Garzón en el Paraninfo de la UB José María Mena 22/04/10

Reproducimos a continuación el texto de la intervención de nuestro amigo, el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena, en el gran acto de solidaridad con Baltasar Garzón que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el pasado 20 de abril. Para firmar en solidaridad con el juez Garzón:

http://www.afeco.org/index.php/noticias/119-en-solidaridad-con-garzon

En nombre de la ACJD [Associació Catalana de Juristes Demòcrates], a la que represento, deseo añadir nuestro granito de arena en este acto de solidaridad con Baltasar Garzón, injustamente criminalizado.

No deseo, porque no es justo ni conveniente, desviar la atención hacia personalismos anecdóticos. A Garzón su dimensión de juez estrella, ahora, judicialmente, no le beneficia en absoluto. Y, además, mueve a reacciones personales extrajurídicas de un corporativismo transversal inaceptable que nos llena de amarga perplejidad.

Desde estas perspectivas inaceptables, y coincidentes, no casualmente, con ellas, desde perspectivas del PP y su entorno mediático, se ha condenado todo gesto de solidaridad con Baltasar Garzón, y toda crítica al Tribunal Supremo, como desestabilizadora de la democracia.

Pero ni los compañeros de La Complutense el 13 de Abril, ni nosotros, aquí y ahora, desestabilizamos la democracia con nuestro firme apoyo a la independencia judicial, y con nuestra severa crítica al Tribunal Supremo.

No desestabiliza al Poder Ejecutivo, y por tanto a la democracia, criticar al Gobierno, a cualquier gobierno, achacándoles cualquier suerte de culpas. Hasta del volcán de Islandia cabe responsabilizarles, y no pasa nada.

No desestabiliza al Poder Legislativo, y por tanto a la democracia, criticar a los parlamentarios, a sus proyectos de ley, a las leyes que producen. Y ni siquiera se desestabiliza con presiones directas como la amenaza de excomunión arrojada sobre los diputados y senadores católicos por su posible participación en la ley del aborto. Nadie, ante semejante coacción, entonces, dijo que fuera antidemocrático.

No desestabiliza, así mismo, a la democracia, criticar a los tribunales, ni al Tribunal Supremo, que son, solamente, órganos del Poder Judicial, que no es ni mayor ni menor que los otros Poderes del Estado, tan claramente criticables.

Con esta serena y democrática convicción veamos ahora qué está haciendo nuestro más alto tribunal en el famoso asunto de los crímenes del franquismo.

Los descendientes de las víctimas directas de la dictadura, víctimas ellos también legalmente y humanamente, pidieron amparo al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, para hallar los enterramientos ilegales de aquellas víctimas, para darles la sepultura que merecen, y para esclarecer su desaparición y la causa de su muerte, derivada de un delito, razón por la cual se dirigían a un juzgado de instrucción penal en vez de a una autoridad judicial o administrativa de otro orden.

El juzgado fue recibiendo las denuncias. La fiscalía estimó que el juzgado no es competente, y según el trámite ordinario, formuló el informe correspondiente, que, como es sabido, no es vinculante, sino simplemente informativo, para el juzgado.

El juez ordenó una serie de diligencias para tener información suficiente para decidir si daba la razón al fiscal, o no. Las diligencias consistían, en primer lugar, en averiguar la veracidad de los hechos denunciados, tal como impone la ley a todos los jueces que reciben denuncias de hechos delictivos. Para esta averiguación era lógicamente necesario descubrir los enterramientos ilegales, y las causas de las muertes. Ello era indispensable para saber si se trataba, o no, de asesinatos colectivos, crímenes de lesa humanidad, o cualesquiera otros delitos de la competencia de la Audiencia Nacional.

El Magistrado Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 5, a la vista de los datos que fue recibiendo, concluyó, en una interpretación jurídica e independiente perfectamente posible y coherente, declararse competente para iniciar el proceso que las víctimas del franquismo reclamaban.

El fiscal, disconforme con esta decisión, la recurrió  ante la Audiencia Nacional. La Audiencia dio la razón al fiscal, y ordenó al juzgado que se inhibiera a favor de los distintos juzgados de los lugares donde estaban los enterramientos ilegales. El juzgado, sin dilación alguna, se inhibió. Y aquí debió acabar todo.

Pero entonces aparecieron, frente a los herederos de las víctimas, víctimas también ellos, los herederos de los asesinos fascistas, fascistas también ellos. Y se querellaron contra el juez, a la vez que, con sospechosa coincidencia, se querellaban también contra él los de Gürtel.

Y el Tribunal Supremo, con sospechosa coincidencia, admitió a trámite todas las querellas.

Se imputa al juez, por el Tribunal Supremo, incumplir la Ley de Amnistía, pese a ser una ley preconstitucional que no puede ser más que otras leyes de Punto Final de Latinoamérica, cuya interpretación restrictiva y neutralizante, a la luz del derecho internacional, fue aplicada para las dictaduras latinoamericanas por nuestros tribunales.

Se imputa incumplir la Ley de Memoria Histórica, pese a que esta, expresamente, se declara compatible con los procedimientos judiciales, ordinarios o extraordinarios, y con los Tratados y Convenios internacionales suscritos por España. Estos Tratados y Convenios fueron la base de la interpretación legal con que nuestros tribunales habían acometido la persecución de los crímenes de las dictaduras latinoamericanas, y la base con que Garzón, de acuerdo con tal criterio interpretativo, decidió su competencia, iniciando un procedimiento judicial compatible con la Ley de Memoria Histórica.

Se imputa a Garzón una “prolongada dilación” del procedimiento, por los once meses que dedicó a recibir las diez y siete denuncias, recabar sus ratificaciones, y tramitar burocráticamente su judicialización. Escandaliza a cualquiera que se impute penalmente a este juez una pretendida dilación cuando el Tribunal Constitucional está empantanado, desde hace casi cuatro años, con el Estatut de Catalunya, obstruyendo impunemente la máxima expresión política de nuestra voluntad colectiva soberana.

Se imputa, también, una ofensa al honor del Movimiento de falange, y de sus miembros, como si el asesinato colectivo fuera compatible con honor alguno; como si semejante defensa de aquellos crímenes falangistas no fuera lo más parecido a una apología de delitos, criminalizable.

El Tribunal Supremo abre el juicio oral contra Garzón en un Auto cargado de interpretaciones legales, estas sí, verdaderamente imaginativas, anormalmente extenso, como de excusa por su desmesura. Excusatio non petita, acusatio manifesta.

Y lo más grave este triste episodio judicial es que este Auto, y estos procesos, son una advertencia conminativa severísima para ese juez, y para todos los jueces, ante futuras tentaciones de interpretación de las leyes, progresiva, avanzada, cuando se haga en contra de los poderosos corruptos, o contra franquistas todavía invictos.

En conclusión:

Nunca debió admitirse a trámite la querella, porque con ella se amenaza gravemente a la independencia judicial.

No es admisible que las víctimas queden privadas del amparo judicial que demandaron. Y si el Tribunal Supremo lo impide o reprime, saludaremos, con gratitud fraterna, la solidaridad de los compañeros de Argentina, que esta vez procesalmente, nos acogen en su tierra, con su querella contra los crímenes franquistas, como nos acogieron humanamente en aquellos lejanos y negros tiempos.

No es soportable que juzguen, o imaginar que llegaran a condenar, al más prestigioso exponente de la independencia judicial, porque sería condenar, por el Tribunal supremo, y solamente de la mano de fascistas y corruptos, a la independencia judicial.

José María Mena es fiscal jubilado. Ha sido fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y unas de las personalidades más destacadas y vigorosas de la resistencia democrática antifranquista en el mundo del derecho.

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www.sinpermiso.info, 22 abril 2010

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EL ACOSO AL JUEZ GARZÓN Parlamentarios chilenos repudian el “hostigamiento a Garzón”

46 legisladores de la oposición firman una declaración de rechazo al proceso abierto en España contra el magistrado que “lideró las investigaciones para juzgar a Pinochet”

EFE / EL PAÍS – Santiago de Chile / Madrid – 22/04/2010

46 parlamentarios chilenos han firmado una declaración pública de apoyo al juez Baltasar Garzón, que afronta tres causas por prevaricación en el Tribunal Supremo español, una de ellas por investigar los crímenes del franquismo. En el escrito, los parlamentarios, 44 diputados y dos senadores de la oposición, manifiestan su “solidaridad con quien ha velado de manera inagotable y ejemplar por el respeto de los derechos humanos incluso más allá de las fronteras de su propia nación”, con especial referencia a las investigaciones emprendidas por el magistrado para juzgar al dictador Augusto Pinochet por los “crímenes de lesa humanidad practicados durante 30 años de gobierno de facto en Chile”.

“Estamos convencidos del respeto y afecto que el juez Garzón se ha ganado entre la gran mayoría de los chilenos”, señala el documento, que “repudia” de forma categórica “el hostigamiento del que está siendo víctima el juez Garzón en su país”. En opinión de este grupo de legisladores chilenos, encabezados por los diputados Tucapel Jiménez, Hugo Gutierrez y Osvaldo Andrade, “resulta insólito que el mundo deba presenciar esta cruel paradoja, en que un grupo de personajes de dudosa calidad moral, reconocidos en su país por su férrea defensa de los más terribles horrores del franquismo, emprendan un juicio para perseguir a quien tanto ha dado a las víctimas de los derechos humanos”.

Finalmente, el escrito llama a “todos los diputados y demócratas de Chile a sumarse a este repudio, de manera de garantizar que esta farsa judicial quede en los anales de los episodios más vergonzosos de la historia reciente”.

Los parlamentarios chilenos se suman así a los múltiples actos internacionales de apoyo recibidos en las últimas semanas por el juez tras la causa por prevaricación abierta por el Tribunal Supremo, especialmente en Argentina, donde varias asociaciones han presentado una querella contra el juez Varela, instructor de la causa.

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Parlamentarios/chilenos/repudian/hostigamiento/Garzon/elpepuesp/20100422elpepuint_3/Tes

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Bibataubín

Queridos amigos/as:
Hace unos días publiqué el artículo que os adjunto en IDEAL y en mi propio blog.
Desde entonces se han sucedido los ataques verbales e incluso a la propia web, que ayer desapareció, literalmente, y hoy aparece con una mensaje en la pestaña de arriba donde puede leerse “Mentiroso”.
El artículo era sobre el auto de procesamiento del juez Garzón y nombraba a las organizaciones Manos Limpias, Falange Española y Libertad e Identidad.
Os agradecería su difusión en vuestros propios blogs. Lamentablemente, parece que demasiada gente sigue creyendo en España en la utilidad de la censura y la dictadura.
Disculpad si os molesta este mensaje u os pone en un compromiso que podéis obviar con total tranquilidad.

Muchas gracias.
Un abrazo,

José María Pérez Zúñiga

Bibataubín

La prueba de que en España no hemos vivido aún una Transición plenamente democrática la tenemos en el auto de procesamiento al juez Garzón, cuyo delito ha consistido en investigar los crímenes del franquismo. Es además una prueba de que buena parte de la clase dominante en la dictadura sigue hoy en el poder, y de que aún son capaces de mover los hilos para silenciar a aquellos que no se conforman con pasar página o creer que la España del régimen es la de series edulcoradas como Cuéntame. La verdad es que muy poca gente quiere contar aquí lo que pasó realmente, pues para demasiados significaría resucitar los fantasmas de sus pecados. Los crímenes del franquismo son crímenes contra la humanidad, así que no puede haber amnistía posible, aunque la revistamos de ley: la Ley de Amnistía de 1977, en la que se basa Luciano Varela para acusar a su “colega” de prevaricación. Pero quien prevarica es quien dicta a sabiendas resoluciones injustas, y lo que ha movido al juez Garzón ha sido una cuestión elemental de justicia. Porque a día de hoy, no condenar esos crímenes y rehabilitar a las víctimas equivale a admitir que algo así pueda volver a suceder y que podría entrar dentro incluso de la lógica democrática. Es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, demasiado acostumbrados a ver cómo la política es un juego en el que lo raro parece ser la honestidad. Pero algunas políticas e ideologías conducen a la muerte. Y el juez Garzón puede ser condenado por las demandas interpuestas por unas agrupaciones políticas (Manos Limpias, Falange Española y Libertad e Identidad) que lo último que representan son valores democráticos. Partidos que, por definición, deberían estar fuera del sistema político al igual que los terroristas, y al igual que cualquier organización que promueva valores contrarios a los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución. Lamentablemente, nuestra “memoria histórica” es muy distinta. Y todavía es palpable, visible e incluso “sólida” en ciudades como Granada, donde aún podemos toparnos en pleno centro con un monolito erigido en honor de un fascista en la misma puerta del Consejo Consultivo de Andalucía. Quienes lo mantienen no sólo insultan nuestra memoria, sino también nuestra inteligencia. Esa que pretendía asesinar Millán Astray. Como si todavía gritásemos ese necrófilo e insensato “Viva la muerte”. Pero, respecto a los crímenes del franquismo, habría que recordar con Unamuno que, a veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia.

www.josemariaperezzuñiga.es

Artículo publicado en el Diario IDEAL (La Cerradura), 10/04/10

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El juez Garzón

Publicado el 20/Abril/2010 | 00:07

Por Andrés Vallejo
avallejo@hoy.com.ec

El juez español Baltasar Garzón se ha distinguido por sus acciones en defensa de los derechos humanos y la aplicación de la justicia con casos que han merecido difusión mundial por su trascendencia y por la valentía con que ha actuado.

Fue él quien inició una acción legal contra los represores de la dictadura argentina que torturaba y desaparecía a los detenidos arrojándolos al mar desde aviones.

De tiempo en tiempo, se conocen las sentencias que expiden los jueces por acciones judiciales que se iniciaron a partir de las iniciativas del juez Garzón, que permitieron desnudar la terrible realidad de los abusos e inclemencia que guiaron las acciones represivas, en las que hijos de padres ajusticiados empiezan a recuperar su identidad y abuelas que no olvidan impulsan su conocimiento.

Fue el juez Garzón quien inició una acción en contra del dictador chileno Pinochet cuando, al retornar la democracia en Chile, viajó a Gran Bretaña para atender su salud, coincidencialmente cuando se liquidaban operaciones de compra de armamento para las Fuerzas Armadas chilenas, lo que permitió que, devuelto por las autoridades británicas a su país por razones humanitarias, el juez chileno Guzmán iniciara una investigación que terminó con la aureola de honestidad y patriotismo que rodeaba a Pinochet, develando los secretos depósitos millonarios que existían en bancos del exterior.

Cuando la justicia en los distintos países está maniatada por el influjo de poderes públicos y de poderes fácticos, como sucedió en Argentina y Chile durante tanto tiempo, acciones como las del juez Garzón son una esperanza de que la justicia se impondrá algún día, solucionando así problemas que, de otra manera, se convierten en secuelas de odio y venganza interminables.

En su país, el juez Garzón demostró independencia cuando investigó y determinó responsabilidades de funcionarios del Gobierno, del cual antes fue diputado, en las acciones del grupo GAL en su lucha contra el terrorismo, al mismo tiempo que procesó a los responsables de las acciones terroristas de ETA.

Ahora, el juez Garzón enfrenta un proceso investigativo en su propio país, que tiene por objeto impedir que se establezcan responsabilidades por las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil española y por los abusos y crímenes durante la dictadura de Francisco Franco, que gobernó España a sangre y fuego durante casi cuatro décadas.

Las acciones en su contra son impulsadas por grupos identificados con la Falange española y con grupos ultraderechistas y xenófobos y por el Partido Popular en la oposición, relacionado indisolublemente con el franquismo.

Estas acciones evidencian el poder que siguen teniendo los extremismos, única manera de explicar que quien procesa exitosamente a dictadores extranjeros por sus crímenes contra la humanidad, no lo pueda hacer para esclarecer los cometidos dentro de su propio país.

El juez Baltasar Garzón merece y requiere la solidaridad internacional.

Hora GMT: 20/Abril/2010 – 05:07

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-juez-garzon-403609.html

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América Latina siente el “efecto Garzón”

Por Daniela Estrada*

La actuación de Garzón  incidió en la anulación de las leyes de amnistía en Argentina /  Crédito:Presidencia de Argentina
La actuación de Garzón incidió en la anulación de las leyes de amnistía en Argentina

Crédito: Presidencia de Argentina

SANTIAGO, 19 abr (IPS) – América Latina debe al juez español Baltasar Garzón, procesado en su país por intento de juzgar crímenes del franquismo, la activación de principios que habilitaron juicios de lesa humanidad en Argentina, Chile, Guatemala, Perú y Uruguay, según abogados de derechos humanos.

El jurista chileno Roberto Garretón acuñó las frases “efecto Garzón” y “efecto Pinochet”, luego de que el magistrado español intentara en 1998 extraditar desde Londres al ex dictador Augusto Pinochet (1915-2006) por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen que comandó en Chile entre 1973 y 1990.

Pinochet, quien se recuperaba de una operación al momento de ser detenido, pasó más de 500 días arrestado en la capital británica hasta que ese país decidió devolverlo a Santiago por razones humanitarias, donde fue procesado por violaciones de derechos humanos y malversación de caudales públicos, pero nunca condenado.

Pese a ello, los juicios y condenas por ejecuciones, desapariciones y torturas cometidas en su dictadura se multiplicaron después de 1998.

“El ‘efecto Garzón’ significa que los jueces de todo el planeta aprendieron que se podía hacer justicia” por crímenes de lesa humanidad y “el ‘Efecto Pinochet’, que a ningún violador de derechos humanos le conviene viajar”, explicó a IPS el jurista Garretón, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para la República Democrática del Congo (1994-2001).

En otras palabras, se activó la justicia universal, cuyos principios establecen que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescriben, y que si no son perseguidos en el país donde se cometieron pueden serlo en cualquier otro Estado.

Hoy, paradójicamente, Garzón está del lado de los acusados en su país por intentar esclarecer la suerte de las víctimas de la Guerra Civil Española (1936-1939) y de los primeros años de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), crímenes que fueron amnistiados en 1977. Se le imputa el delito de prevaricación: dictar, a sabiendas, una resolución injusta.

“Lo que está haciendo ahora España es una reversión del efecto Garzón”, según Garretón.

El “juez estrella” enfrenta además otros dos procesos judiciales por ordenar escuchas telefónicas en un caso de corrupción que afecta al derechista y opositor Partido Popular y por cerrar una investigación contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

“La actuación de Garzón tuvo una importancia extraordinaria para la anulación (en 2003) de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida” en Argentina, dijo a IPS el abogado argentino residente en España, Carlos Slepoy, representante de familiares de víctimas de la última dictadura que soportó ese país sudamericano entre 1976 y 1983.

“Esa anulación, que primero fue en el Congreso (legislativo), ocurrió después de que Garzón pidió la detención y extradición de 46 militares y civiles, muchos de ellos altos oficiales que vivían en la impunidad”, recordó.

En respuesta al proceso seguido actualmente contra Garzón en el Tribunal Supremo de España, Slepoy promovió la presentación de una querella por genocidio en la justicia argentina por parte de familiares de dos españoles fusilados por el régimen franquista.

“La actuación de Garzón en la captura de Pinochet, así como en el procesamiento de militares argentinos, dio la pauta para que la Audiencia Nacional de España admitiera el caso de genocidio en Guatemala”, planteó a IPS Benito Morales, abogado de la no gubernamental Fundación Rigoberta Menchú.

La justicia española acusó de ese delito al general Efraín Ríos Montt y a otros altos oficiales guatemaltecos, tras una demanda interpuesta en 1999 por la líder indígena y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Hasta ahora, ninguno de los acusados guarda prisión.

Ríos Montt, gobernante de facto entre 1982 y 1983, aplicó la política de “tierra arrasada” en comunidades mayas de Guatemala, con lo que elevó a tope la violación de derechos humanos de la población civil en la guerra interna que vivió ese país (1960-1996) y que dejó más de 200.000 personas asesinadas o desaparecidas.

Según Garretón, la puerta abierta por Garzón también contribuyó a que la justicia chilena concediera en 2007 la extradición a Perú del ex presidente de ese país, Alberto Fujimori (1990-2000), condenado el año pasado a 25 años de prisión como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros cometidos por agentes de inteligencia militar en 1991 y 1992.

Para el abogado chileno, sin el “efecto Garzón”, Uruguay tampoco habría extraditado a Chile en 2006 a tres militares uruguayos involucrados en el secuestro del ex agente de la dictadura pinochetista Eugenio Berríos, encontrado muerto en una playa cercana a Montevideo en 1995.

En su opinión, ese fue el paso previo para que Uruguay condenara este año al ex dictador Juan María Bordaberry (1973-1976) por violar la Constitución y dar un golpe de Estado.

Represores que no escaparon al principio de la justicia universal son el ex fiscal militar chileno Alfonso Podlech y el ex marino argentino Ricardo Cavallo, operador del mayor centro clandestino de detención de Argentina bajo el régimen de facto.

Podlech fue arrestado en 2008 en España y extraditado a Italia donde es juzgado por su responsabilidad en la desaparición del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, mientras Cavallo fue detenido en 2000 en México, extraditado en primer lugar a España y en 2008 desde ese país a Argentina, cuyos tribunales lo están juzgando.

Garretón también comentó el caso del militar retirado uruguayo Manuel Cordero, extraditado en enero desde Brasil a Argentina para ser procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en las décadas del 70 y 80.

Finalmente, está pendiente el proceso en ausencia en París contra 15 militares de la dictadura pinochetista, acusados de la desaparición de cuatro franco-chilenos.

*Con aportes de Marcela Valente (Argentina) y Danilo Valladares (Guatemala). (FIN/2010)

IPS

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Concentraciones

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