Familiares de víctimas piden que se modifique la Ley de Memoria Histórica

29/12/2010

Las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo han exigido al Gobierno que modifique la Ley de Memoria Histórica en el tercer aniversario de su entrada en vigor, al considerar que se ha quedado “pequeña”.

El estado de salud de la ley es “bastante débil”, según el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, quien ha criticado el incumplimiento de algunos de los “deberes” que asumió el Gobierno en esta norma.

Silva ha explicado a Efe que queda mucho trabajo pendiente para contar con un mapa de fosas en España y ha censurado que el Ejecutivo haya adquirido un compromiso a través de una ley y luego lo “rebotara” a las comunidades autónomas, provocando “una bronca política artificial”.

También ha opinado que el Valle de los Caídos está “en una especie de limbo” y “no acaba de convertirse en un centro que recuerde a quienes lo construyeron”.

Además, el portavoz de la asociación ha lamentado la pasividad del Gobierno a la hora de eliminar los símbolos y la nomenclatura de calles y espacios públicos en distintas ciudades de España que “exaltan a los responsables de los asesinatos de miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo”.

Ha reclamado al Ejecutivo que se responsabilice de la búsqueda de los desaparecidos en este periodo, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, al considerar “no es posible que las familias que sufrieron el daño se hagan cargo de las exhumaciones”.

Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha estimado que la Ley de Memoria Histórica se ha quedado “pequeña” para dar respuesta a los colectivos memorialistas que se están transformando en un movimiento de lucha contra la impunidad de los crímenes fascistas.

Maqueda ha pedido al Gobierno que modifique la ley para que recoja la anulación de las sentencias fascistas y el Estado asuma la responsabilidad de localizar, exhumar y entregar los cuerpos a los familiares.

España es el único país del mundo, según Amnistía Internacional, donde los familiares reciben subvenciones para buscar a sus desaparecidos, ha asegurado a Efe la representante de la plataforma.

Asimismo, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza en su auto contra el juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo citó la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica de 2007.

Estas dos leyes, ha agregado, han contribuido a sentar el banquillo a Baltasar Garzón, el único juez que ha dado respuesta a las familias de las víctimas y ha tratado de hacer justicia, para juzgarlo por un presunto delito de prevaricación.

La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha comentado a Efe que la Ley de Memoria Histórica se ha desarrollado de manera “dispar” según sus contenidos.

García ha valorado la concesión de la nacionalidad a los descendientes de los exiliados y ha considerado escaso el millar de certificados otorgados para reconocer la contribución de las víctimas a la lucha por la democracia.

Tras indicar que en otros países europeos las fosas comunes se convierten en lugares de memoria, ha criticado las prisas y la ligereza con que se han llevado a cabo algunas exhumaciones, en las que algunos restos que se han quedado sin identificar han terminado en el osario de algún cementerio condenados a “una segunda muerte”.

ADN

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Garzón recusa a cinco de los siete magistrados que deben juzgarle

La recusación se basa en el principio general de que quien participa en la investigación de la causa está inhabilitado para juzgarla

PEDRO JIMÉNEZ   17-12-2010

Baltasar Garzón ha recusado a 5 de los 7 magistrados de la sala penal del Tribunal Supremo que deben juzgarle por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes del franquismo. Son el presidente Juan Saavedra, el ponente, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

Dice el escrito del abogado de Garzón, Gonzalo Martínez Fresneda, que todos ellos han participado en la investigación de este asunto “admitiendo a trámite la querella o denegando diligencias solicitadas por la defensa, llegando incluso a sugerir a los familiares de los presuntos responsables franquistas a que acudieran a los tribunales para defender su prestigio”

El escrito concluye señalando que los recusados han defendido una interpretación de la ley para intentar salvaguardar su propia competencia, mostrando con ello un interés directo en ser ellos quienes juzgaran a Garzón.

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Jiménez Villarejo acusa al TS de ser “cómplice” de Falange y Manos Limpias y “prepotente” con las víctimas

Propone crear una fiscalía especializada en los crímenes del franquismo y denuncia la “estrategia” del TS para retrasar “deliberadamente” el proceso

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) –

El ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha denunciado el “nivel de prepotencia y arrogancia” que, a su juicio, muestra el Tribunal Supremo con las víctimas del franquismo mientras que, por el contrario, mantiene “una enorme benevolencia y complicidad” con Falange Española de las Jons y Manos Limpias.

En la presentación del libro ‘La solidaridad con el juez Garzón’, obra que él mismo ha coordinado, ha censurado la “dilación” que está sufriendo la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

A su parecer, el alto tribunal tiene el proceso “deliberadamente” detenido en una “estrategia meditada y conjunta” para que avance el resto de causas abiertas contra el juez y el caso de la memoria histórica tenga cada vez menos repercusión nacional e internacional.

En su opinión, es “muy grave” que el Supremo no haya señalado aún la fecha del juicio oral ya que está “obligado por ley” a actuar con “mayor energía”, teniendo en cuenta que Garzón “está cumpliendo anticipadamente la pena que pudiera imponerle”. “Ha cumplido parte de la pena sin haber sido juzgado, enjuiciado y declarado inocente o culpable”, ha advertido, para recordar que Garzón está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional desde hace siete meses.

Ha calificado la actuación del Tribunal Supremo como “un abuso de derecho y de poder” mientras ha dicho que a sus magistrados “les avergüenza señalar el juicio del único juez” que “se ha atrevido” a “calificar como criminales a los golpistas” y a la “política de exterminio y represión sistemática ocurrida hasta 1975”. “El proceso contra Garzón debe ser analizado como un juicio político”, ha añadido.

“SESGO FRANQUISTA EN EL TS”

“Llevamos ya camino de los dos años con un proceso que no debería haber comenzado pero que comenzó y debería haberse concluido al cabo de unas horas o unos días, si los magistrados hubieran atendido a criterios de razón y derecho”, ha remachado.

De igual modo, ha propuesto abrir una fiscalía especializada en la investigación de los crímenes y desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo y ha argumentado que para las asociaciones es “imposible” soportar la carga que representa llevar adelante las exhumaciones y demás actuaciones.

“Mientras tanto, la Guerra Civil y la dictadura seguirá entre nosotros viva, le guste o no le guste a Cándido Conde Pumpido –fiscal general del Estado–” y a varios miembros del Tribunal Supremo, ha añadido Jiménez Villarejo, quien considera que existe “un sesgo franquista” en el alto tribunal.

En el coloquio final ha participado la abogada y ex diputada Cristina Almeida que ha censurado la “afrenta” que ha efectuado el Tribunal Supremo al rechazar a más de la mitad de los testigos solicitados por el juez Baltasar Garzón para declarar en el juicio que se celebrará contra él por un delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas.

“Nos están haciendo un ataque a la democracia que no nos había hecho ni el señor Tejero con todos los guardias civiles que entraron en el Congreso”, ha exclamado.

Monka news

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Sánchez-Albornoz: “Lo que han hecho a Garzón es una barbaridad”

“Muchos elementos de la judicatura no quieren que se sepa lo que ha ocurrido”

DANIEL PRIETO 15/12/2010 –

El prestigioso historiador Nicolás Sánchez-Albornoz (Madrid, 1926) fue condenado en 1947 a ocho años de trabajos forzados en Cuelgamuros por pintar “¡Viva la Universidad libre!” en la Universidad Complutense, junto a su amigo el escritor Manuel Lamana, ya fallecido. Ambos, que habían luchado contra el régimen de Franco desde la Federación Universitaria Escolar, se fugaron un año después del campo de concentración con la ayuda de Francisco Benet, Barbara Probst y Barbara Mailer. Fernando Colomo llevó al cine este episodio en Los Años Bárbaros. Ayer, el profesor emérito de la Universidad de Nueva York y primer director del Instituto Cervantes, que vivió exiliado media vida en Francia, Argentina y Estados Unidos, inauguró en la Facultad de Ciencias da Comunicación de Santiago el coloquio internacional Memoria da guerra, reconciliación e cultura da paz en una universidad, esta vez sí, libre.

 

¿Qué analizarán en el congreso?

Abordaremos qué problemas plantea la memoria histórica, y yo plantearé una reflexión de la época franquista sobre qué es lo que conviene hacer para evitar que se repita ese pasado, que ha sido muy olvidado debido a una política de desmemoria, concebida para que no se sepa lo que ha ocurrido, lo que me parece del todo inaceptable. Y es que, guste o no guste, no podemos olvidar lo que ha sucedido. Es preciso activar el reconocimiento de esos hechos para satisfacer a las personas cuyos antepasados han padecido persecuciones. Para la convivencia futura de España es necesario un conocimiento pleno del pasado y satisfacer todas las vicisitudes que han sido ocultadas.


Ha rechazado en varias ocasiones el término Valle de los Caídos, ¿sabe que en Vigo tenemos una cruz a los Caídos que todavía no se ha retirado?

Esas cruces son habituales todavía en muchas zonas de España. Y hasta hace poco había estatuas de Franco por todas partes, que poco a poco han ido ocupando el destino que les corresponde. En lo referente al Valle de los Caídos, el nombre del valle es Cuelgamuros, al igual que el monasterio que se ubicaba allí, la otra definición es artificial. Cuando estuve preso allí, todo el mundo le llamaba Cuelgamuros.

 

Usted, que ha pasado por tres exilios, incluido Argentina, ¿cómo valora que desde ese país pueda prosperar la querella para juzgar a los responsables del genocidio franquista en España?

No entiendo demasiado de Derecho y supongo que puede haber unos elementos favorables y otros que desestimen la querella. Pero así como en España se juzgaron a Pinochet y a otros, de acuerdo con una concepción jurídica global, Argentina está legitimada para intervenir. El resultado no lo sé, además, hay poderosas fuerzas políticas implicadas en ese proceso.


¿Qué opina de la suspensión al juez Baltasar Garzón, que impulsó precisamente esos procesos?

Lo que han hecho con Garzón me parece una barbaridad, pero todavía existen en muchas instituciones del Estado español personas con una mentalidad que no corresponde a la actual.

 

Las voces críticas con los procesos de recuperación de la memoria histórica, sobre todo procedentes de la derecha, acusan a estos de revanchistas.

El proceso de la memoria histórica me interesa mucho, además lo valoro especialmente porque ha sido una iniciativa civil y no ha contado con ningún apoyo institucional. El Estado no ha alentado este movimiento, la sociedad ha puesto sobre el tapete este problema. Los que aluden a que las heridas se vuelven a abrir están totalmente equivocados, porque las víctimas están ahí y las heridas se abren para curarlas, para que todo el pus salga fuera.


¿Se ha dicho todo sobre su famosa fuga de Cuelgamuros? Al parecer a Bárbara Probst no le agradó el tono humorístico de la película.

La película recoge un hecho real, pero no deja de ser una película. Fernando Colomo creó una narración consistente para atraer la atención del público e introdujo ciertas variaciones, como el personaje del perseguidor. Pero no modificó lo ocurrido y lo fundamental de la narración es cierto. Hubo una persecución aunque yo no lo viera, y después tuve constancia de que efectivamente la hubo.

 

La actual Xunta del PP ha reducido en un 90% la financiación para el proyecto Nomes e Voces, que organiza el coloquio. ¿Qué le parece?

Me parece mal pero no me sorprende, ya que no ha habido ningún apoyo oficial hacia la memoria histórica.

 

Los historiadores denuncian trabas para acceder, todavía hoy, a numerosos archivos.

Existe el deseo de no intervenir en las querellas antiguas, enquistado en órganos de poder que no quieren que se sepa lo ocurrido, como muchos elementos de la judicatura. En la Administración del Estado hay mucha gente a la que no le conviene que el pasado se sepa.

Xornal.com

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LOS PROCESOS CONTRA EL JUEZ ESTRELLA Baltasar Garzón: «Quiero que me juzguen cuanto antes, con el resultado que sea»

Dice que se encuentra en una situación de indefensión absoluta, «que parece que va a continuar y en la que alguien pudiera pensar que el resultado final ya está escrito»

Autor: Julio Á. Fariñas
Fecha de publicación:12/12/2010

El magistrado Baltasar Garzón lleva ya casi siete meses fuera de la Audiencia Nacional, suspendido temporalmente de empleo y sueldo, a la espera de que lo juzgue el Tribunal Supremo en las tres causas abiertas contra él. Hace unos días estuvo en Galicia para recoger en Pontevedra el premio Luis Tilve y participar en Santiago en un foro por la paz. Ahora habla para La Voz, en la primera entrevista que concede desde su salida de la Audiencia Nacional.

-¿Sorprendido por las alusiones a su persona en los papeles de Wikileaks?

-Sí, no pensaba yo que las actividades judiciales pudieran ser objeto de atención por parte de los servicios políticos y jurídicos de una determinada embajada. En cuanto al contenido, siempre he dicho que el sistema judicial español tiene los suficientes cauces para hacer frente a cualquier tipo de presión, si es que la hubiera. Yo, en las causas en las que sido instructor, específicamente en la referida a las supuestas torturas de Guantánamo, he actuado siempre con arreglo al criterio legal y de interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los criterios de justicia universal.

– ¿Y el protagonismo de otros operadores judiciales en temas sensibles como los casos Couso y Guantánamo?

-Yo no entro en esas cuestiones. Lo que puedo decir es que el Ministerio Fiscal es de una integridad acreditada; por tanto, no tengo por qué dudar en absoluto de lo que cada representante pueda hacer. El fiscal general del Estado ha dado una explicación y a eso nos debemos de atener.

-Como pionero en la lucha contra el narcotráfico, ¿cree que hay una nueva política judicial en materia de drogas?

-No sé si hay un cambio de política judicial. Lo que si sé es que el narcotráfico sigue siendo uno de los instrumentos más adecuados al crimen organizado y más graves en el desarrollo de este, como estamos comprobando en México. Por eso, me parece peligrosa una política de lenidad, rebajando la presión frente al fenómeno. Es verdad que hay voces muy autorizadas que plantean la viabilidad de una legalización o despenalización. Yo de lo que no tengo ninguna duda es de que mientras sea una actividad del crimen organizado no se puede rebajar o disminuir la presión porque van a volver otra vez a lo mismo. Lo que no se puede permitir es que se pierda el territorio conquistado. Galicia es un ejemplo de cómo en un momento histórico determinado, gracias a la acción contundente y coordinada de las instituciones y de la sociedad, se consiguió frenar el avance de ese fenómeno delictivo.

-¿Le sorprende el manejo de los tempos judiciales en los tres procesos que tiene abiertos?

-No quiero opinar sobre las cuestiones que en este momento me afectan. Lo único que siempre he dicho, y en lo que vuelvo a insistir ahora, es que no hay obstáculo judicial alguno para que se me juzgue ya por la causa de la memoria histórica de los crímenes franquistas. Solamente pende de que se señale la fecha de juicio, se diga si o no a las pruebas pedidas y se designe el tribunal. Así estamos desde hace dos meses. Lo que procede es que me juzguen, con el resultado que sea. Yo me proclamo inocente y en todo caso quiero tener la oportunidad de decirlo así ante el tribunal que me va a juzgar, aunque yo piense que la suerte puede estar echada. Esa es otra historia. Lo que no tiene sentido es esa paralización. Yo estoy suspendido de empleo y sueldo de forma provisional. Esta no es una situación agradable, por tanto debe de tratarse que sea lo más temporal posible. Si tiene que ser una sentencia condenatoria, como parece ser que pueda ser, cuanto antes, mejor.

-¿Y las otras dos causas?

-En cuanto a los demás casos, yo creo que habría que explicar por qué no se desarrolla el primero, que es por el que estoy suspendido. Así, estamos a la espera de que avancen los demás por los que no estoy suspendido. En todo caso, nosotros, mis abogados y yo, estamos haciendo todo lo que corresponde en derecho, hemos pedido diligencias de prueba, se nos han denegado. Me encuentro en una situación de indefensión absoluta que parece que va a continuar y en la que alguien pudiera pensar que el resultado final ya está escrito. En todo caso, lo que quiero es que me juzguen cuanto antes, porque esta es una situación absolutamente incomprensible para mí.

-Su contrato temporal en la Corte Penal Internacional está a punto de concluir.

-Mi contrato en La Haya termina el 23, pero el fiscal me ha pedido que continúe, al menos por seis meses más. Así lo ha comunicado al Consejo del Poder Judicial, que ha respondido hace unos días que no tiene inconveniente en que esa situación continúe, porque ellos me habían dado la compatibilidad sin límite de tiempo.

-¿Dispuesto a seguir?

-No, es una situación transitoria. Yo no me he postulado a la Corte Penal, sino que, al ofrecérseme esta posibilidad y al estar en la situación en la que me encontraba, dije que sí. Mis decisiones sobre el futuro profesional tienen que ir en función de lo que haga el Supremo. En todo caso, mi opción profesional de futuro ya está tomada, sea cual sea el resultado del juicio.

La Voz de Galicia

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GARZÓN Y LA UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA VERDAD

Es desconcertante que el magistrado sea juzgado por lo mismo que, de su mano, España exportó a América Latina: perseguir hasta el final a quienes habían cometido los mismos crímenes que perpetró el franquismo.

El País/LEANDRO DESPOUY 10/12/2010

Aunque previsible, resulta asombroso el impacto que ha tenido en la opinión pública internacional la suspensión y el enjuiciamiento posterior del magistrado andaluz Baltasar Garzón. Pero lo más llamativo continúan siendo las múltiples y desconcertantes acusaciones que se le formulan aunque, claro está, todas se enlazan con aquella originaria presentada por los grupos de ultraderecha, que marcó con nitidez la impronta ideológica de las sucesivas denuncias.

Lo cierto es que juristas, políticos, intelectuales, numerosas víctimas y ciudadanos del mundo entero siguen con creciente inquietud las noticias procedentes de España a la espera de un veredicto que defina la situación de quien supo darnos tan buenas y alentadoras noticias como fueron el pedido de extradición de Pinochet o el impulso de las causas contra los argentinos Ricardo Cavallo, Adolfo Scilingo y otros. Además lo hizo, en todos los casos, avalado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional español que, por ejemplo, declaró competente la jurisdicción española para el juzgamiento de masacres cometidas en Guatemala hace décadas. En su coherente aplicación de la jurisdicción universal, Garzón y España aportaron al mundo valiosos precedentes en el campo de los derechos humanos y en particular en la realización del derecho a la verdad en tanto que derecho inalienable e imprescriptible cuya exigibilidad jurídica alcanza a todos los Estados.

Como relator especial de la ONU tuve a mi cargo, en 2006, la redacción del informe en el que el derecho a la verdad fue formalmente reconocido (E/CN.4/2006/52). Dos párrafos de ese informe (30 y 34) destacan con interés la situación de España. Todavía recuerdo el entusiasmo con que muchos diplomáticos en Ginebra, entre ellos algunos españoles, celebraron su aprobación en la Comisión de Derechos Humanos -hoy Consejo- de las Naciones Unidas.

Un nuevo clima se vivía en el mundo. Teníamos la sensación de haber hecho retroceder las murallas de la impunidad hasta lograr el derrumbe del negacionismo. La verdad comenzaba a recorrer los mismos senderos de exigibilidad que el derecho a la justicia, y la memoria se transformaba en uno de los motores más genuinos de la reconstrucción histórica.

Cuando se aprobó mi informe, en España se había encomendado a la entonces vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la tarea de articular la comisión encargada de restablecer la memoria sobre los crímenes del franquismo. No obstante los importantes avances producidos, ese loable propósito valorado por las víctimas ha ido encontrando graves dificultades, crecientes obstáculos sembrados para silenciarlo. En este contexto, las acciones contra Garzón representan, para muchos, una suerte de contragolpe de la historia y la valiente trayectoria del magistrado agiganta aún más los enigmas que envuelven su enjuiciamiento.

Injusta, sorprendente e ingrata paradoja del destino. España construyó prestigio en el campo de los derechos humanos enarbolando los principios de la jurisdicción universal de los que Baltasar Garzón es un noble exponente, pero al obrar de esta manera se presenta ante el mundo como todo lo opuesto, olvidando que uno de los relatos míticos que más la identifica pondera la hazaña de quien ganó una batalla decisiva solo con su leyenda. Hoy, más que los valores de El Cid, lo que muestra ese relato es que las causas trascienden a los hombres y que de poco sirve aniquilarlos física o moralmente porque quienes han hecho historia perduran en ella.

Si la ONU reconoció en 1985 el terrible Genocidio de los armenios entre 1915 y 1923 a pesar de la tenaz oposición de la diplomacia de Turquía, y más recientemente la Comisión Europea (2007) y el Parlamento Europeo (2010) condenaron la subsistencia del artículo 301 del Código Penal turco que castiga su mención y por el que centenares de intelectuales -tal el caso del premio Nobel Orham Pamuk- son reprimidos en ese país, ¿cómo no considerar válida y legítima la reconstrucción histórica de los crímenes del franquismo en un país europeo y democrático como España?

Es un tanto sugestivo y desconcertante que Garzón sea juzgado por lo mismo que, de su mano, España exportó a nuestra América Latina no hace tanto tiempo: el noble servicio de perseguir hasta el final a quienes habían cometido los mismos crímenes que perpetró el franquismo. Ironías aparte, parece un revival de la historia, en el que los espejitos de colores solo se pueden vender en las colonias, pero se prohíben y castigan severamente en la metrópoli.

Resulta llamativa esta férrea resistencia a incursionar en la memoria desde el mundo del derecho. ¿Abarca la negativa al conjunto del pueblo español o se ha incrustado en un sector retrógrado de la sociedad? ¿Teme la justicia española el impacto moral de reconocer la aberración jurídica propia de hechos que muchos califican de genocidio? ¿O acaso teme que se desvele que aquella sangrienta contienda fue, más que una guerra civil, una auténtica cacería que se prolongó por décadas? Cada día resulta más difícil imaginar que una sociedad pueda considerarse madura si desconoce aspectos trascendentales de su propia historia. El carácter inexorable del conocimiento de la verdad nos permite afirmar, desde una perspectiva histórica, que verdad, justicia y reparación son componentes inescindibles de una sociedad democrática, y que, lejos de debilitarla, la nutren y la consolidan.

En la Argentina se juzgó a los principales responsables del plan de exterminio organizado por el terrorismo de Estado en el célebre e inédito juicio a las tres primeras juntas militares que ocuparon el poder entre 1976 y 1983, y aunque más tarde se establecieron límites a la persecución penal con las leyes de “punto final” y de “obediencia debida” y el presidente Carlos Menem indultó a todos los que habían sido condenados o estaban por serlo, nada impidió que 30 años más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la nulidad de esas medidas legales y reencauzara el juzgamiento de esos crímenes. Incluso bajo la vigencia de los decretos de indulto y amnistía, los jueces siguieron adelante con los famosos “juicios de la verdad”, que permitieron profundizar las investigaciones aun cuando el Estado había renunciado transitoriamente a la pretensión punitiva. Jamás, en democracia, un juez fue acusado de prevaricar cuando reclamaba esta apertura o declaraba la inaplicabilidad de las leyes, o exigía que la investigación sobre la suerte de los desaparecidos siguiera su curso. Tampoco se le imputó tamaño improperio a la Corte Suprema de Justicia que reabrió las causas y posibilitó el castigo irrestricto de todos los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

España por la aplicación progresiva de la jurisdicción universal y Argentina por el reconocimiento absoluto del derecho a la verdad conforman los principales precedentes internacionales y nacionales, respectivamente, de un juzgamiento ejemplar de los crímenes contra la humanidad. Recientemente, a partir de una querella de las víctimas, la justicia argentina ha formulado un requerimiento para juzgar los crímenes del franquismo en aplicación de la jurisdicción universal. ¿Cómo responderá España? ¿Va a investigar a pesar de la amnistía de 1977 o dirá que esta última le impide hacerlo y, de esa manera -en un acto de involuntaria reciprocidad- abrirá los cauces de la jurisdicción argentina?

Inspirada en la aplicación de una doctrina universal, España ha sido el país que con mayor fuerza y coherencia ha solicitado a otros Estados el esclarecimiento de la suerte corrida por los españoles víctimas de estos crímenes fuera de sus fronteras. Cada año, en Argentina, la Embajada de España recibe la cálida y conmovedora visita de los familiares de españoles allí desaparecidos. La pregunta es si seguirá haciéndolo. ¿Tendrá España la autoridad moral y la misma fuerza que ahora para reclamar ante los gobiernos? ¿Serán sus reclamos tan eficaces e imperativos como lo han sido hasta el presente?

El impúdico strip tease informático con que Wikileaks desnuda las frivolidades de la diplomacia internacional, confirma con crudeza que las lacerantes comprobaciones que realizáramos cinco expertos de la ONU (E/CN.4/2006/120 ) sobre la situación de los detenidos en la Bahía de Guantánamo eran el resultado de una planificación estatal que comprometía y compromete a individuos determinados como responsables de violaciones gravísimas de los derechos humanos susceptibles de ser calificadas de “crímenes contra la humanidad”. Ello explica las encarnizadas batallas de la diplomacia estadounidense contra la aplicación de la jurisdicción universal y la lucha de Garzón. Más aún, los cables confirman que en este combate los enemigos nacionales cuentan con poderosos aliados en el nivel internacional. Léase Bush, Rumsfeld y compañía

Los jueces españoles tienen el deber moral de evaluar las previsibles consecuencias que tendrá en el mundo tamaño retroceso, no solo en el campo de los derechos humanos, sino también en la imagen y credibilidad del país. Nadie entiende el espanto que despierta en algunos sectores del pueblo español revisar hechos mucho más lejanos que los nuestros, sobre todo, luego de haber estimulado y acompañado con éxito una experiencia como la argentina, donde el esclarecimiento del pasado fecundó y fortaleció nuestra transición democrática.

En cualquier caso, es legítimo preguntarse cuántos años más podrá la cultura española continuar cerrando las ventanas a su propia historia. Tal vez una década o dos. Mientras tanto, es importante para todos que en esta larga y postergada toma de conciencia no perdamos, por necedad o ingratitud, a nuestros principales baluartes.

Leandro Despouy es auditor general de la República Argentina y fue relator especial de la ONU sobre la independencia de la justicia. Premio Justicia en el Mundo 2008.

ARMH

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Garzón, protagonista de la ‘memoria histórica argentina’

El juez, suspendido en España, sigue haciendo carrera en Argentina. Garzón y ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recorrieron la mayor cárcel clandestina de la dictadura argentina (1976-1983), en coincidencia con el 25 aniversario de la condena en juicio a seis jerarcas del régimen militar.

El juez español Baltasar Garzón y ex miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrieron hoy la mayor cárcel clandestina de la dictadura argentina (1976-1983), en coincidencia con el 25 aniversario de la condena en juicio a seis jerarcas del régimen militar.

“El juicio fue un ejemplo de cómo se debe responder a la represión desde la justicia”, señaló a Efe Garzón mientras recorría las instalaciones de la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), hoy convertida en un museo de la memoria.

Los organismos humanitarios estiman que por la ESMA pasaron unos 5.000 detenidos durante la última dictadura militar argentina, que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos en el marco de un régimen “opresivo”, cuyas autoridades fueron juzgadas durante el proceso llevado adelante en 1985.

“Estos 25 años culminan una gran etapa de un país que está a la vanguardia de saber qué pasó con los desaparecidos, los torturados y asesinados durante la dictadura de Argentina”, evaluó el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Roberto Cuellar.

El 9 de diciembre de 1985, los argentinos escucharon las sentencias del proceso que sentó en el banquillo a los nueve militares de alta graduación que encabezaron la dictadura, entre ellos los ex presidentes Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri.

Después de un proceso único en la historia argentina, sólo dos de los acusados -Videla y el almirante Emilio Massera- fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que Viola fue condenado a 17 años, Orlando Ramón Agosti a 4 años y seis meses, Armando Lambruschini a 8 años y el resto fue absuelto, incluido el ex presidente Galtieri.

“Lo que ha hecho Argentina es ejemplar para que nunca más se pueda repetir”, reflexionó el ex miembro de la CIDH Edmundo Vargas Carreño, quien en 1979 encabezó una misión que permitió recopilar las denuncias de los familiares de secuestrados bajo el régimen militar.

Garzón también destacó la labor actual de la justicia en los procesos que se llevan adelante contra los violadores de derechos humanos durante la dictadura.

“Desde el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se está enfrentando de una forma muy firme ese pasado, con todas las garantías que un Estado de derecho exige. Es un proceso que admiro y envidio”, sostuvo Garzón, suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional española desde mayo pasado por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo.

En el marco de su visita, Garzón, ex miembros de la CIDH y expertos de organismos humanitarios celebrarán este viernes el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con el retorno de la democracia al país suramericano, el 10 de diciembre de 1983. EFE

La Gaceta

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