Jueces y fiscales evocan Justicia Democrática

BONIFACIO DE LA CUADRA 07/07/2010

Hace unas semanas, Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han conmemorado, con sendos congresos -JpD en Bilbao, UPF en Málaga-, el XXV aniversario de su constitución como asociaciones profesionales, herederas ambas de Justicia Democrática (JD), nacida en los últimos años del franquismo y autodisuelta tras la aprobación de la Constitución.

La renovación generacional no ha impedido que los actuales jueces y fiscales rindan homenaje -por separado, pero con actitud coincidente- a aquella asociación clandestina que luchó eficazmente, desde dentro del sistema, contra la dictadura, y evoquen, 40 años después, el diseño democrático que entonces se hizo de la Justicia.

José Antonio Martín Pallín -antiguo fiscal, hoy magistrado- restó importancia en Málaga a que la UPF sea minoritaria y recordó los tiempos de JD, que aún integrada por unos cuantos jueces y fiscales, se movían tanto que el régimen calculaba que eran “¡unos 500!”.

En Bilbao, Manuela Carmena, que fue decisiva, como recordó Carlos López Keller, en la erradicación de las astillas (corruptelas económicas en los juzgados), mantuvo su línea optimista de siempre, que le hizo promover congresos como Por una Justicia justa, democrática y amable, debates sobre La Justicia tiene solución, o libros animosos como Crónica de un desorden. Notas para reinventar la Justicia. Ahora propuso que los jueces se comuniquen directamente con los medios y reprochó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la falta de relevancia dada a la asistencia al ciudadano.

Las críticas al CGPJ menudearon en el congreso de JpD, en el que Perfecto Andrés cuestionó la labor del Consejo, el irregular nombramiento de sus miembros y la política de designación de cargos judiciales. Manuel Díaz de Rábago propuso suprimir los nombramientos discrecionales, mediante criterios reglados, y planteó, mientras tanto, una iniciativa insólita, por ética: primar “la cultura de defender al mejor, aunque no sea de nuestra asociación”. Ante las soluciones gubernamentales contra la crisis económica, JpD aprobó, por 61 votos a favor, uno en contra y 31 abstenciones, que “apoyaría y se sumaría a una huelga general para caso de ser convocada por los sindicatos de clase y contra los recortes sociales y congelación de pensiones”.

Otra decisión polémica fue la relativa al encausamiento de Baltasar Garzón por pretender investigar, a petición de unas víctimas, los crímenes del franquismo. Algunos congresistas no querían que se votara una resolución que pudiera interpretarse como defensa de ese modelo de juez y “por el titular que va a generar en los periódicos”, según figura en el acta oficial del congreso. Finalmente, se aprobó por 64 votos a favor, 43 en contra y nueve abstenciones un texto que recoge el fuerte rechazo jurídico del encausamiento de Garzón y “ratifica expresamente” los comunicados emitidos en su día en los que “se defiende la libertad de interpretación en el debate jurídico frente a cualquier forma de criminalización” y “se recuerdan las señas de identidad de nuestra asociación, vinculada siempre a los que lucharon por la democracia y las libertades, solidaria siempre con las víctimas del franquismo y de cualquier otra clase de dictadura o forma de opresión”. Luciano Varela, instructor del caso, no asistió al congreso.

Ninguna polémica hubo, en cambio, sobre este punto, en Málaga, donde la UPF respaldó y reiteró todas las manifestaciones de solidaridad con Garzón “a raíz de su actuación jurisdiccional en el procedimiento relacionado con los crímenes del franquismo”, cuya investigación considera “completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional”.

La UPF no olvida que ella fue pionera, cuando interpuso la querella contra la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instruida por Garzón. Precisamente quien elaboró esa querella en 1996 fue el entonces fiscal anticorrupción Carlos Castresana, que ahora ha tenido que abandonar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, después de casi tres años al frente de ella, tras el nombramiento como fiscal general de Conrado Reyes, a quien Castresana vincula con organizaciones ilícitas.

La UPF, que ha centrado buena parte de su energía en potenciar la lucha contra la corrupción, cierra filas con juristas como Garzón, Castresana o las dos fiscales del caso Gürtel, Myriam Segura y Concepción Sabadell, por entender que la pretendida ampliación contra ellas de la querella por supuestas prevaricación y escuchas indebidas, “responde manifiestamente a intereses espurios, ajenos y alejados de una verdadera preocupación por el respeto al proceso debido y la defensa de la primacía del Estado de derecho”. La coherencia de la UPF con Justicia Democrática es evidente. Si alguna duda quedara sobre riesgos de dependencia de estos fiscales con el Gobierno de turno, su actual presidente, Emilio Sánchez, la despejó en su intervención ante el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a quien dio un repaso crítico en defensa de la autonomía de los fiscales, la modernización de sus medios y las medidas eficaces contra la crisis. Según José María Mena, fundador de JD y de la UPF, ésta se encuentra en buenas manos. Mena describe así el trabajo de Sánchez como fiscal anticorrupción: “Con los corruptos es implacable, preciso, contundente, imparcial, eficaz, incansable”.

El País

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