Manifestó su solidaridad con Baltasar Garzón

Defensa. César San Martín con juez español. Lo considera una persona honorable y competente. Resaltó su trabajo sobre caso Pinochet.

César San Martín se mostró sorprendido frente a la situación del juez español Baltasar Garzón, quien fue acusado de prevaricato, y le manifestó su solidaridad y cariño “más ferviente” pues lo considera “honorable, competente, preocupado y demócrata”.

Señaló que le tiene consideración por su desempeño en los casos del ex dictador  Augusto Pinochet. “Es una obligación moral estar en ese flanco que él representa. Cuando se le imputa un cargo por prevaricación, cuando ves quiénes son las partes acusadoras, te llama profundamente la atención”, agregó.

La República.pe

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ENTREVISTA César San Martín”La corrupción es crimen de Estado”

Presidente del tribunal que juzgó y condenó a Alberto Fujimori

JUAN CRUZ 20/06/2010

Este hombre juzgó y envió a la cárcel a Alberto Fujimori, dictador de Perú, reo de delitos de corrupción y de crímenes de Estado. Se llama César San Martín, tiene 52 años, habla con serenidad de este episodio judicial que le valió el respeto en su país y, por ejemplo, de haber sido elegido por EL PAÍS como uno de los grandes personajes de Iberoamérica en 2009. Él dice que, entre otras cosas, fue esa consideración que el periódico tuvo con él (“y a lo mejor se ha equivocado”) lo que rompió su costumbre de no decir “ni media palabra” de nada que tenga que ver con su oficio de juzgar. En esta conversación, que tiene ese aire de excepcional, narra cómo arrostró las dificultades de un juicio así contra alguien que hasta ahora mismo mantuvo una relación mafiosa con el poder y con la realidad.

El juez, que ha estado dos meses enseñando Derecho Procesal en la Universidad de Alicante, es presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú; sus obras incluyen tratados sobre la naturaleza de su cátedra y dos libros, uno sobre “delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y asociación para delinquir” y otro sobre “aspectos penales y procesales de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales”. El primero de ellos sustancia su idea, repetida en esta entrevista, de que “la corrupción es un delito de Estado”.

Fue mucha la presión que hubo sobre él (y sus compañeros de la Corte Suprema) durante los 15 meses de juicio contra Fujimori.

Pregunta. ¿Cómo le dejó esa experiencia?

Respuesta. Es una experiencia muy intensa y sujeta a mucha presión. Desde la Corte Suprema, nuestra idea era mantener la prudencia y la discreción, ese era el centro vital. Ser discretos, reflejar que habíamos actuado con total objetividad, mostrar que un juez, tras un fallo, no puede estar saliendo mucho al exterior tratando de justificar nada; entendíamos que, en lo fundamental, la justificación se dio con nuestra conducta en el juicio y con el tenor de la sentencia. Y mantuvimos la discreción a pesar de que los diarios opositores y favorables al presidente nos empezaron a dar caña. Pero la acogida fue tan favorable en el exterior y tal el respeto que mereció en los sectores políticos peruanos, que la crítica se paralizó. Ya no nos dicen nada.

P. Veinticinco años. Se dijo que fue una sentencia muy dura. ¿Las críticas que recibió a este respecto le han hecho reflexionar sobre la magnitud de la pena?

R. No. Mis dos compañeros y yo nos mantenemos firmes, y con el paso del tiempo nos hemos reafirmado. Convencidos como estábamos de que un jefe de Estado había ordenado o aprobado estos hechos tan lamentables, gravísimos, nos dijimos lo siguiente, y lo explicamos en la sentencia: Si a él, que es la máxima autoridad, que tiene un control absoluto del Estado, no se le impone la pena más grave del sistema, ¿a quién? Desde un exclusivo rigor jurídico y técnico, incluso social, no se justificaba una pena menor.

P. ¿Esas presiones que recibió incluyeron amenazas?

R. No. Cuando hablo de presiones me refiero a una crítica permanente de una opinión pública atenta. Sentíamos que había una mirada muy atenta de la opinión pública, de la clase política y, sobre todo, de las grandes organizaciones de derechos humanos internacionales. Si pregunta si desde el poder político o alguno fáctico se nos exigió, condicionó o se nos quiso obligar a que fijásemos algún tipo de decisión, ya le digo con claridad que no. Y uno puede decir “qué raro”, porque en nuestros países siempre existe, de un modo u otro, alguna forma de llegar a los jueces condicionando, solicitando, requiriendo extraproceso algún tipo de solución o alternativa a lo que corresponda. Pero esto no ocurrió.

P. ¿Cómo se explica que eso no haya ocurrido?

R. Porque fue un juicio público, transparente. Todas las sesiones se transmitieron por televisión, con insólitos ratings de audiencia, como si hubiera sido un culebrón. Pensábamos que bajarían, pero aguantaron ¡15 meses, una locura!… Desfiló toda clase de gente. Lo que se estaba juzgando de verdad era una suerte de política de Estado. Esa era la discusión de fondo, si hubo o no tal política de Estado. Y lo que hizo que el juicio adquiriera una dimensión trascendente no era una situación individual o focalizada, sino que expresaba un modo de gobernar. Por lo menos, por ahí partió la acusación, por ahí trabajó fuerte la defensa para negar los cargos, y todo eso estaba en el pensamiento colectivo. Demostramos que no tolerábamos ninguna injerencia ni interferencia, y nadie, ni los de Fujimori ni los del Gobierno, llamó a las puertas o se valió de terceros para darnos un mensaje o incluir una petición. Nadie. Hay un dato importante sobre nuestra procedencia: ¿a quién debemos el nombramiento de los jueces? En Perú tenemos un sistema de nombramiento que depende del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el encargado de nombrar y disciplinar a los jueces; la conformación de ese órgano no obedece directamente a ninguna directiva del poder político. No los nombra el Congreso, ni el ministro de Justicia o el Gobierno en general. La Corte Suprema nombra a un representante, el fiscal general del Estado nombra a otro, la Facultad de Derecho pública elige a uno, la privada a otro… En fin, los orígenes no son partidarios. Pero uno no es tan tonto como para ignorar que en esas instituciones pueda haber intereses partidarios…

P. ¿Y en su caso particular?

R. Fui nombrado por el Consejo de la Magistratura. También mis colegas Hugo Príncipe y Víctor Prado, compañeros en el tribunal. No debemos nuestro nombramiento a ningún poder político, no teníamos “que pagar”, satisfacer o agradecer nada a nadie. Tampoco hay que magnificarlo, porque no nos interesa el origen, sino la conducta. Creo que el problema no está en cómo te nombran, sino en tus propias condiciones y en cómo se las arregla el sistema para que pueda expulsar aquellos mecanismos que son incompatibles con un sistema objetivo de méritos, calidez y calidad de los valores democráticos.

P. ¿Conoció antes a Fujimori?

R. Claro.

P. Y tuvo relación con él.

R. Absolutamente distante, en los niveles que corresponde. No he tenido ninguna relación cercana.

P. ¿Trabajó en su Administración?

R. No. Trabajé durante nueve meses, en 1993. Fue un trabajo técnico en el Gabinete del ministro de Justicia, y punto.

P. ¿Cambió su opinión de Fujimori una vez estudiado el alcance de sus fechorías? ¿O entendió que era un hombre manejado por su cómplice, Vladimiro Montesinos?

R. Ni una cosa ni otra. Nos metimos en el caso e hicimos unos ejercicios para mantener la pulcritud y la asepsia en lo que fuera posible. Siempre dijimos: “Tenemos que empezar con una mirada blanca, absolutamente blanca”… Nosotros, y esta es una labor típica de un juez profesional, no somos un jurado, teníamos cada uno más de 25 años de experiencia, y eso moldeó nuestra actitud individual frente al caso y frente a la persona. Entramos a analizar con mucho rigor porque sabíamos que el juicio tendría aceptación social, con independencia del resultado, si lográbamos en el imaginario social o popular dos metas: una, la transparencia, y dos, teníamos que redactar una sentencia distinta del modo común como se hacen las sentencias en Perú. Y por eso es como las de los tribunales penales internacionales. Queríamos historiar un régimen, cómo se fue diseñando y conformando. Una cosa es juzgar un hecho delictivo como lo puede hacer cualquier ciudadano, y otra cosa son los sentimientos de aprensión, de odio, de rechazo o de desprecio. Eso un juez no lo puede hacer. Sería la muerte de un buen juez. Uno tiene que ser crítico, pero el rigor que se nos pide para motivar una sentencia nos hace, desde el punto de vista profesional, ser muy cuidadosos y guardar esos sentimientos, o, en todo caso, no aceptarlos como parte de la lógica de enjuiciamiento en un proceso.

P. ¿No hay un momento en el que las atrocidades que se juzgan repugnan al propio sentimiento del juez? ¿No sintió en algún momento que esos asesinatos y esa corrupción tenían un componente espectacular de maldad, como que usted descendía a los infiernos de la política?

P. En el juicio hubo un primer momento en el que declararon las víctimas. Lo que decían nos conmovió el corazón; era terrible no solo lo que pasó, sino que, además, a muchas de esas víctimas de la dictadura los metieron presos después de ser maltratados, bajo cargos de terrorismo… Y cuando los Colina -los integrantes del destacamento de inteligencia- relataron lo que hicieron, hasta a nosotros se nos saltaron las lágrimas.

P. ¿Usted también lloró?

R. En algunos casos, sí, en privado. Me conmovió muchísimo el dolor. Y el cinismo con el que describían el asesinato de niños inocentes. “Se cruzó el chimono”. El cinismo nos dolió… Hubo un momento del juicio en el que estaba claro que se mató y que esa fue una decisión superior y que allí estaban metidos los cuadros más altos del Ejército. Todavía no se discutía si estaba en cartera o no el presidente Fujimori. Eso sí nos llamó la atención. Ya no era cuestión de unos sociópatas que decidieran matar por matar. Era una cuestión mucho más elaborada. Y la magnitud de los hechos, su extensión en el tiempo, su forma de preparación indicaba que era una política institucional. No era ya la expresión de un loco que al margen de toda la concepción del Estado se dedicara a matar a supuestos adversarios. Leyendo los manuales de inteligencia, los diferentes documentos del Ejército, fuimos viendo que era ya una línea de conducta y una expresión de los hechos debidamente pautada. Ahí empezó el giro.

P. Era un régimen para delinquir.

R. Era una estructura que no se podía explicar en un contexto individual, sino en un contexto institucional. Eso nos marcó. Llegó un momento en el que, sin discutirlo mucho, la convicción era tan plena que nos miramos los tres jueces y dijimos: Bueno, este asunto no es que un loco o unos locos matan, sino que hay algo organizado, es un aparato de poder.

P. ¿El loco era Fujimori o el loco era Montesinos?

R. Cuidado con el término loco, que se puede decir coloquialmente…

P. Lo recogí de su expresión…

R. Pues voy a eso. Una política de Estado, o unas órdenes que parten de un sector central de la dirección del Estado, no es una cosa de locos, porque cuando uno dice “loco” traza inmediatamente la idea del no imputable. No. Cuando el ser humano se pervierte en sus bases fundamentales pasan estas cosas. Aquí hay una insania en términos estrictamente jurídicos, aquí hay toda una estructura de corrupción, un convencimiento, una lógica de planteamiento. Es un crimen de Estado… Observamos que no era solo un tema de los militares, que no había una autonomización de la clase militar frente al poder civil. El gran reto teórico y jurídico, procesal, era advertir si el salto era posible; para nosotros, y lo explicamos muy bien en la sentencia, ese salto se dio y se probó. Tal vez un punto vital para llegar a esa afirmación fue que nos encontramos frente a un Estado autoritario, no frente a un Estado democrático… Y estos análisis nos llevaron a la conclusión de que los crímenes eran una decisión del número uno del Estado.

P. Ha vivido usted aquí la peripecia judicial en torno a su colega el juez Garzón… ¿Cómo lo ha visto, como jurista y como ciudadano?

R. Voy a ser muy discreto y prudente porque hablo en un país que no es el mío. El juez Garzón tiene todo mi respeto y consideración por los casos en los que ha intervenido, por una línea cívica bastante clara. El caso Pinochet o lo que hizo en Argentina le confieren una especial sensibilidad y coraje. Es una obligación moral estar en ese flanco que él representa. Cuando se le imputa un cargo por prevaricación, cuando ves quiénes son las partes acusadoras, te llama profundamente la atención. Hablar a partir de ahí de prevaricación, con todo lo que ha avanzado el Derecho Penal internacional… Le expreso mi solidaridad y mi cariño más ferviente. Creo que los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo tienen los suficientes instrumentos y la suficiente calidad como para poder dictar un fallo que sea compatible con la ley, la justicia y la sensibilidad social.

P. ¿Qué expresión sería más adecuada para expresar su actitud ante lo que ha sucedido, sorpresa o estupor?

R. La más neutra es sorpresa: ¿qué pasa aquí? Tenemos la percepción del señor Garzón como un juez honorable, competente, preocupado, demócrata, cumplidor de las leyes… Y de repente se le imputa. Todo lo que uno cree que es, no lo es, ¡Dios mío!

El País

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Juez Baltasar Garzón pide ser absuelto en proceso por franquismo

Viernes, 18 de Junio del 2010  |  07:41 hrs

La defensa legal del magistrado español señala que no constituye delito que Garzón se haya declarado competente para investigar crímenes del franquismo (1939-1975).

El juez Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Supremo (TS) de España que le absuelva en la causa abierta contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (1939-1975).

Así lo indica su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda en el escrito de defensa que presentó este jueves en el Alto Tribunal, de 139 folios y divulgado hoy, en el que señala que no constituye delito el comportamiento de Garzón, que ganó notoriedad internacional cuando ordenó en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet.

Martínez-Fresneda se apoya en la llamada “doctrina Botín”, adoptada por el TS en 2008, que impide abrir juicio oral a instancias de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo.

La Fiscalía también ha reclamado al TS la absolución de Garzón, mientras el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, que ejercen la acusación, piden 20 años de inhabilitación por presunta prevaricación del juez.

El magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón por la investigación de los crímenes en el franquismo (1939-1975), ordenó el pasado mes la apertura de juicio oral contra el juez, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, órgano de gobierno de los jueces españoles) suspendiera a Garzón cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional española.

Después, el CGPJ autorizó a Garzón a trasladarse a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Holanda) para ocupar en los próximos siete meses un puesto de consultor de la Fiscalía.

La defensa subraya que las dos entidades acusadoras “no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito de prevaricación que persiguen”, y recuerda que la Fiscalía pidió archivar la causa por creer que Manos Limpias y Libertad e Identidad carecen de legitimación para instar a la apertura del juicio.

Además, Garzón vuelve a pedir al TS la nulidad de actuaciones, ya que, según su abogado, Varela requirió a Manos Limpias para que presentara un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido.

La defensa del juez también solicita la nulidad del nuevo escrito de acusación, porque cree que Manos Limpias optó “por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior del instructor”.

El letrado asegura que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y “por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional”, y no ha sido cuestionada por “ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones”.

Como pruebas para el juicio, el abogado pide la declaración de varios testigos y de expertos internacionales como la ex fiscal de la CPI Carla del Ponte y el juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Augusto Pinochet, entre otros.

Los hechos por los que el Garzón está encausado se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco, para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.

El magistrado Varela considera que hay base para proceder contra Garzón por un presunto delito de prevaricación, porque ignoró la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977. EFE

Radio Programas del Perú

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La indignación activa

BALTASAR GARZÓN JUEZ 18/06/2010 22:00 Actualizado: 18/06/2010 22:47

Admiraba el escritor José Saramago desde hace muchos años, pero no le conocí hasta 1999, en un curso de verano de El Escorial dirigido por mí. Saramago habló ese día sobre la vida y el compromiso político de la juventud. Y satinó su intervención con sus clásicas teorías escépticas sobre el futuro del mundo. Veías a todos los jóvenes cautivados por su discurso, como él lo hacía: deslavazado en apariencia, pero con la fuerza suficiente para llevarles al final a donde quería: a escuchar el mensaje de esperanza en un hombre que ya entonces contaba con 77 años.

Era un hombre embarcado en la denuncia permanente

En uno de los últimos textos que escribió se refirió a la situación por la que estoy pasando. Hablaba sobre la incredulidad que le generaba todo el proceso, que va más allá de mi caso personal: pone en juego la memoria histórica del país y la impunidad del franquismo. Un ejemplo más del compromiso militante de José Saramago, de su indignación activa tanto por injusticias como por el abandono a su suerte de las víctimas.

Si le pedías que se implicara en una causa reivindicativa lo hacía sin dudarlo un instante. En el año 2007 escribí con Vicente Romero un libro El alma de los verdugos sobre la intensa represión de la dictadura militar en Argentina. José aceptó escribir el prólogo, y lo hizo a su manera.

Se trataba de un prólogo breve pero durísimo contra los dictadores que impulsaron la represión, pero también de un recuerdo sentido a las víctimas del régimen militar. Era un texto de denuncia pura y dura. Muy suyo. Porque el autor se dejaba llevar por el principio de la indignación activa. Era un hombre embarcado en la denuncia permanente. Un maestro en este sentido.

Era un referente ético indispensable en una sociedad sin referentes morales

Textos como este convirtieron a José Saramago en uno de los referentes éticos indispensables de una sociedad en la hay una grave ausencia de liderazgos morales. Una sociedad en la que se echa de menos la coherencia y el desarrollo ético de una actividad, no solo literaria, sino también política y social. Una sociedad en la que no sobran precisamente las personas decididas a ayudar a los más desfavorecidos y a apoyar las causas más necesarias.

Con su muerte se va uno de los escasos intelectuales comprometidos, uno de los más preclaros, por su coherencia y su capacidad para unir acción social, literaria y política. Siempre fue una persona fiel a sus principios. Hoy día, cuando se echan tanto en falta referentes de todo orden, su presencia pública era un lujo.

http://www.publico.es/culturas/321813/indignacion/activa

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Garzón pide su absolución en la causa contra el franquismo

Solicita de nuevo la nulidad de los hechos y del último escrito de acusación contra el juez, por la ilegitimidad de Manos Limpias y Libertad e Identidad.

EFE Madrid 18/06/2010 12:28 Actualizado: 18/06/2010 13:09

El abogado de Baltasar Garzón ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que absuelva al juez en la causa abierta contra él por declararse competente para investigar el franquismo en virtud de la “doctrina Botín”, que impide abrir juicio oral a instancias de la acusación popular cuando la particular y el fiscal piden el archivo.

Así lo indica el letrado Gonzalo Martínez-Fresneda en el escrito de defensa que presentó ayer en el Alto Tribunal, de 139 folios y en el que señala que el comportamiento de Garzón no constituye delito.

La Fiscalía también ha reclamado al TS la absolución de Garzón, mientras que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación por prevaricación.

El magistrado del TS Luciano Varela, instructor de la querella contra Garzón por la investigación de los crímenes durante el franquismo, ordenó el pasado mes la apertura de juicio oral contra el juez, lo que motivó que el Consejo General del Poder Judicial le suspendiera cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional.

Tras ello, el Consejo le autorizó a trasladarse a la Corte Penal Internacional para ocupar durante los próximos siete meses un puesto de consultor de la Fiscalía.

La defensa subraya que las dos entidades que ejercen la acusación “no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito de prevaricación que persiguen” y recuerda que, aunque la “doctrina Botín” fue matizada, la Fiscalía ha pedido el archivo de esta causa por creer que Manos Limpias y Libertad e Identidad carecen de legitimación para instar la apertura del juicio.

La nulidad de los hechos

Además, Garzón vuelve a pedir al TS la nulidad de actuaciones, ya que, según explica, Varela requirió a Manos Limpias que presentara un nuevo escrito de acusación al considerar que el primero no era válido.

Solicita la nulidad de las actuaciones y del ultimo escrito de acusación contra el juez

La defensa del juez también solicita la nulidad del nuevo escrito de acusación porque cree que Manos Limpias optó “por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior del instructor”.

El letrado asegura que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y “por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional” y no ha sido cuestionada por “ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones”.

“Y con todos los respetos que pudieran merecer, no creemos que la opinión jurídica de dos grupos de extrema derecha (…) sea de mejor criterio, o parezca mejor fundada, que la de todos los anteriores”, añade.

Público

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La cultura clama contra la impunidad en España

ctores, músicos y escritores dan visibilidad a las víctimas del franquismo a través de una campaña. Quince anuncios exigen la búsqueda de los desaparecidos y una investigación judicial

DIEGO BARCALA MADRID 15/06/2010 00:05

El mundo de la cultura mandó ayer un recado al Gobierno de parte de las víctimas del franquismo. “Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo?”, termina cada uno de los 15 vídeos que la Plataforma Cultura contra la Impunidad presentó en Madrid. Los anuncios, dirigidos por la realizadora Azucena Rodríguez, con guión de la escritora Almudena Grandes, reclaman al Estado justicia y reparación para la memoria republicana.

Los artistas del cine, la música y la literatura prestan en la campaña su imagen a una víctima de la represión franquista desatada tras el golpe de Estado de 1936 que continuó durante cuatro décadas de dictadura. Pedro Almodóvar habla en nombre de Virgilio Leret, aviador fusilado en Marruecos a las pocas horas de estallar la sublevación. “Mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir su deber. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?”, dice el realizador.

“Me llamo María Álvarez. Ayudo a los guerrilleros como puedo, con ropa, comida, medicinas. Pago por ello con penas de cárcel y destierro. (…) En julio de 1951 me detienen con mi hermano Marcelino. En el camino, nos matan por la espalda a los dos. A eso lo llaman ellos aplicar la ley de fugas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo?”, señala el testimonio representado por Pilar Bardem.

“No tuve juicio ni abogado. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo?”

Cada testimonio finaliza con el ruido de disparos de fusil. La directora Azucena Rodríguez acudió a un archivo histórico de sonidos para obtener el terrible ruido exacto de los fusilamientos para conseguir el mayor realismo posible. “Quisimos hacer algo sobrio, nada panfletario. Por eso utilizamos una imagen sencilla que explique sin más el drama”, explicó la realizadora.

El efecto buscado consiguió emocionar a las familias que han prestado las biografías de sus antepasados para la campaña. Es el caso de Antonia Parra, que no pudo evitar las lágrimas al escuchar al escritor Juan José Millás, representar el papel de su padre, Antonio, fusilado con 34 años en Marchena (Sevilla). “Mi madre siempre creyó que lo habían matado por leer mucho”, recordaba Antonia a la puerta del cine. Millás explicó la emoción que sintió al conocer los detalles de la muerte del padre de Antonia: “Su mujer enterró los libros de su marido en el patio de su casa. Esa imagen es terrible. Es como si enterraran pajarillos vivos”.

Antonia cuenta que su madre desenterró años después esos libros para quemarlos. “Sólo se quedó con tres. Un diccionario, un libro de gramática y otro de medidas. Los que pensó que no eran peligrosos”, recuerda.

“Estas historias no están en los libros de texto”

“Las historias que cuentan estos vídeos no aparecen en los libros de texto. Cada testimonio termina con una pregunta: ¿Hasta cuándo? En gran parte de los 113.000 casos el final ha estado con la muerte en democracia de los familiares sin haber llegado a saber dónde está su padre, abuelo…”, reflexionó el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, nieto de un fusilado.

“Es una obligación que el Estado se encargue de buscar a los desaparecidos”

El sentido de la campaña fue explicado con claridad por el actor hispano argentino, Juan Diego Botto. “En el país del que yo procedo cualquier familiar de un desaparecido puede acudir a una oficina del Gobierno a solicitar información y el Estado le facilita toda la documentación que exista. Es más fácil de lo que parece. Es una obligación que el Estado se encargue de buscar a los desaparecidos y que no lo haga de una manera subsidiaria”, denunció el actor.

Las familias de las víctimas de la represión lamentan que la única manera que tienen de buscar a sus seres queridos es acudir a una asociación como la que dirige Silva, que cuenta con voluntarios que hacen huecos en sus trabajos para acudir los fines de semana a buscar fosas comunes. “Sólo tenemos testimonios orales que dicen dónde pudo estar enterrado”, añade Olga Rodríguez, biznieta de la víctima interpretada por Juan Diego Botto.

Los actores agradecieron la “generosidad”, el “coraje” o la “paciencia” de los familiares como Hilda Farfante, hija de dos maestros republicanos fusilados en Asturias, que respondió: “Gracias a los artistas por prestar sus rostros jóvenes y vidas exitosas a nuestras historias”. “El objetivo es que nunca más haga falta que volvamos. Ojalá sea así”, concluyó Almudena Grandes.

La cultura, contra la impunidad del franquismo

“Pedimos que la justicia se haga carne”

Público

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“El pecado de Garzón es querer llegar a la verdad”

Juan Guzmán.  Juez chileno. El magistrado que procesó a Pinochet analiza el proceso del Tribunal Supremo contra Garzón

ALBERT MARTÍN VIDAL BARCELONA 11/06/2010 08:00 Actualizado: 11/06/2010 08:03

El juez Guzmán, alto y de porte británico, se lamenta de que en Chile “los jóvenes ya no saben qué pasó”. Invitado por el Departament de Interior de Catalunya a un coloquio sobre la revisión jurídica de las dictaduras, asegura que “siempre hay algo en común en los acontecimientos horribles” y expresa su esperanza en que “en el siglo XXI seamos menos bárbaros que en el XX”. Pero su optimismo no es grande: “A veces, sólo a veces, se consigue justicia”.

Usted denuncia que sufrió “persecución” por parte de la Justicia durante el proceso a Pinochet. ¿Cómo valora el proceso que está viviendo Garzón?

Es como en la Inquisición: quien difiere del grupo dominante conservador debe morir. Varela no debió iniciar este proceso por prevaricación, todos sabemos que ese no es el caso. Garzón no está aplicando la Ley de Amnistía de 1977, sino la ley penal internacional que establece que las amnistías no proceden con respecto a los crímenes de lesa humanidad. Ya investigó violaciones de derechos humanos en Chile o Argentina, y una de las mayores funciones del procedimiento penal es la investigación acerca del paradero de las víctimas de desapariciones forzadas. Es una labor humanitaria, no sólo jurisdiccional. El pecado de Garzón es querer romper la impunidad y llegar a la verdad, que es lo que debe hacer un juez.

¿Le recuerda a lo que usted vivió?

A mí me iban a echar aplicando el estatuto administrativo. Me aplicaron dos sanciones, una verbal y una por escrito, las dos por hechos falsos. A la siguiente, salía de la judicatura. Fueron más sutiles que aquí pero el resultado era el mismo: sacarme del camino. Lo dejé antes de que continuaran acosándome los miembros de la Corte Suprema.

En España el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial abre la vía a la justicia universal pero no se está aplicando.

Es absurdo y prueba que los jueces que pretenden hacer justicia de situaciones como una guerra civil o una dictadura están expuesto a presiones muy grandes. Es increíble que en una sociedad moderna como la española, que llegó tan arriba en esta cuestión, no se aplique la justicia universal. Y que se alteren tanto los hechos como para decir que hay una prevaricación es triste. Dos agrupaciones fascistoides llevaron esto a la justicia y un juez que posiblemente envidia la trayectoria de Garzón mordió el anzuelo. Varela ha sido utilizado y le va a costar mucho salir de esto.

Usted es conocido por el proceso a Pinochet, a quien no llegó a juzgar. ¿Hasta qué punto siente que ganó esa batalla?

Hice lo que pude. Fue una batalla que di durante ocho años. Consistió en lograr el desafuero de Pinochet y procesarle en tres ocasiones, en tomarle declaración y significó exponer al mundo los crímenes cometidos bajo su dictadura. Más no pude porque eran tribunales superiores los que dejaban sin efecto mis resoluciones. La opinión pública nacional e internacional sabe muy bien que no me equivoqué.

¿Qué recuerda de sus horas de conversación con él?

Tenía la conciencia muy tranquila, se declaraba un ángel y decía que gracias a él se erradicó el comunismo de Chile. Hubo un cambio radical entre la primera y la segunda vez que le interrogué. En el año 2000, Pinochet estaba convencido de que no le iba a procesar. Me trató atentamente, me invitó a café. En 2004, ya procesado, se enojó porque la computadora tardaba en imprimir la declaración y antes de firmarla la leyó entera porque, según dijo al funcionario en referencia a mí, “este gallo [tipo] me cambia las cosas”.

Aplicó el concepto de secuestro permanente. ¿Se podría aplicar en España?

El secuestro se comete desde que se priva de la libertad a alguien hasta que se le devuelve la libertad o aparecen sus restos. Los secuestros permanentes eluden la aministía porque el delito se sigue perpetrando hacia el futuro después de la fecha de la amnistía. Ese fue mi planteamiento y perfectamente lo podría haber aplicado Garzón.

¿Qué respondía a quienes le acusaban de no dejar cicatrizar el pasado?

Nada, porque las cosas no se dicen en la cara, se dicen por detrás. ¿Qué pienso yo? Para que cicatricen las heridas primero tienen que sanar. ¿Y cómo se va a sanar la herida de una desaparición forzada de una persona? Encontrándola, o entregando a los familiares sus restos para que les den santa sepultura y terminara su agonía. El ser humano necesita que haya justicia en el sentido más amplio y esta se obtiene precisamente utilizando medios legales.

¿Es eso imprescindible para culminar una transición política?

Sí, cuando es tan cercana a los hechos como en Chile o España, hay que cerrar las heridas a través de la justicia.

¿Por qué defiende usted la creatividad del jurista?

Si se mira su sentido estricto, la ley cae en el pasado. Hay que aplicar la ley en forma progresiva, no quedarse en la ley de 1890, sino hacerla aplicable al siglo XX y al XXI, eso es la interpretación progresiva, que no progresista. Además, el juez debe utilizar los elementos de interpretación que le da la ley. Los jueces que quieren estar con la época y el momento histórico deben pasar por ahí. En eso Garzón ha sido un maestro.

¿Es inevitable la politización de la justicia?

Las instituciones son cada vez más justas, pero lamentablemente el hombre sigue siendo un animal político y hace que muchas veces prevalezca la política a la justicia. Es por eso que ocurre lo del juez Garzón y por lo que muchos jueces en el mundo se ven inhibidos de llevar hacia adelante la acción legal.

Público

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