Quieren enjuiciar a Baltasar Garzón por investigar crímenes del franquismo

Es el juez que pasó a la fama por pedir la detención de Augusto Pinochet y logró que el represor argentino Adolfo Scilingo fuera condenado en España. Ahora se metió con los crímenes de su país, pero lo quieren destituir.

jueves, 25 de marzo de 2010

El Tribunal Supremo español rechazó hoy el recurso de apelación presentado por el juez Baltasar Garzón en el caso de prevaricato abierto en su contra por haber investigado los crímenes del franquismo, por lo que el magistrado queda a un paso de ser juzgado.

En una resolución publicada hoy, el Supremo afirma que “ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda” la acusación contra Garzón por declararse competente para investigar los crímenes de la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

El máximo tribunal no valora si Garzón debe ser finalmente juzgado o no, sino que se limita a señalar que no hay motivos suficientes para invalidar los argumentos del magistrado instructor del caso, Luciano Varela, quien imputó a Garzón un delito de prevaricato, castigado con inhabilitación de 12 a 20 años.

Con esta decisión, Garzón, quien adquirió prestigio internacional al pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1998) y logró que el represor argentino Adolfo Scilingo fuera condenado en España por delitos de lesa humanidad, está muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por intentar investigar iguales crímenes cometidos en España.

El juez Varela debe dictar ahora el procesamiento de Garzón, aunque antes podría acordar la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa, que pidió que sean llamados a declarar prestigiosos juristas internacionales, como el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni y Carla del Ponte, actual Embajadora de Suiza en Argentina y ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY), entre otros.

Al imputarle el delito de prevaricato, Varela sostuvo que una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 “superar la limitación que dicha ley imponía” e intentó “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar” del franquismo.

Además, de acuerdo con el instructor, Garzón sabía que los crímenes del franquismo habían sido objeto de amnistía “por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.

El Tribunal Supremo español tiene abiertas tres investigaciones contra Garzón. Las dos primeras por haber investigado los crímenes del franquismo y por un dinero que presuntamente obtuvo del Banco Santander para financiar unas actividades académicas en Nueva York en 2005 y 2006.

La tercera es por ordenar intervenir las conversaciones en prisión entre varios imputados y sus abogados en la trama de corrupción “G3rtel”, que salpica al conservador Partido Popular (PP).
El magistrado está citado a declarar ante el Supremo el próximo 15 de abril, acusado de cohecho y prevaricato en la causa de los supuestos cobros de los cursos patrocinados por el Santander.

En un escrito presentado el 5 de marzo al órgano de gobierno de los jueces, que debe decidir si suspende o no a Garzón mientras el Supremo lo investiga, el magistrado acusó al PP de Mariano Rajoy de estar detrás de las acusaciones en su contra por medio de una campaña de “desprestigio y acoso” que comenzó en febrero de 2009.

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