Más de cincuenta organizaciones de derechos humanos defienden a Garzón

24.03.2010 · Patricia Simón

Una misión internacional de organizaciones de derechos humanos y juristas de todo el mundo terminó ayer una misión de solidaridad con el juez.

Human Rights Watch califica el proceso contra el juez como un menoscabo al Estado de Derecho español

Cincuenta y nueve organizaciones internacionales de derechos humanos y más de 150 juristas, abogados, jueces, académicos y defensores de derechos humanos de todo el mundo han firmado una carta abierta a las autoridades españolas en solidaridad con el Juez Garzón.  Para entregarla en mano, han venido a España Louis Joinet, el Abogado General Emérito de la Corte de Casación francesa, antiguo experto de las Naciones Unidas y antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad, Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Francisco Soberón, Director de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.

La misión tenía entre sus principales objetivos reunirse con las máximas autoridades judiciales de España. Sin embargo, tanto el Presidente de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, como el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, no han encontrado tiempo para un encuentro durante los dos días que ha durado la misión. Sí que han podido reunirse con algunos miembros de la Audiencia Nacional, así como con el Director general de Naciones Unidas, Asuntos globales y Derechos Humanos de Ministerio de Asuntos Exteriores, Jorge Manuel Domecq, así como con miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de la Asociación Jueces por la Democracia, entre otros.

La misión ha mostrado sus dudas sobre los verdaderos motivos del procesamiento a Garzón

En la carta los firmantes piden que se sobresea el proceso penal abierto contra Garzón por un presunto delito de prevaricación “por ser su actuación conforme al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos”. La carta también explica que “resulta desconcertante la utilización del tipo de prevariación judicial en contra del Juez Baltasar Garzón, puesto que el operador judicial siempre tiene un margen de interpretación en la aplicación de la ley y, si lo hace a favor de las obligaciones del Estado en derechos humanos, sus actuaciones no podrían considerarse como irrazonables o antijurídicas, so pena de afectar los principios básicos de la administración de justicia penal para investigar, sancionar, reparar y prevenir frente a todo tipo de crímenes y en particular frente a aquellos que revierten el carácter de internacionales”.

La comisión también ha mostrado su preocupación porque “acudir a la persecución penal del Juez para sancionar lecturas diferentes en la aplicación de la ley, sienta un peligroso precedente que afecta la independencia de los jueces, pilar esencial de la administración judicial en una democracia y en un Estado social de derecho”. La misión ha preguntado “cuántos operadores judiciales en España han sido objeto de persecución penal por presuntas prevaricaciones judiciales al tener criterios diferentes en la aplicación de la ley penal”. Y que, por tanto,  les despierta “serias dudas sobre las motivaciones en que se fundamentan las causas en su contra” que puede “dejar entrever una persecución orquestada por intereses distintos a los de la búsqueda de justicia”.

La misión y la carta han sido coordinadas por el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un proyecto conjunto de dos importantes organizaciones: La Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura.

“Investigar al magistrado que cuestionó la amnistía menoscaba el Estado de Derecho”

La prestigiosa organización Human Rights Watch ha publicado este fin de semana un informe que comienza con el siguiente párrafo:

“Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de las Naciones Unidas de poner fin a la ley de amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”. Y añade: “Garzón está siendo investigado penalmente por indagar 22 casos de presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951. Los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país y la dictadura franquista”.

El Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró el pasado sábado “Los tribunales españoles, que se han distinguido por no investigar denuncias de delitos aberrantes cometidos en el pasado, curiosamente hoy están siendo activos en la investigación de un magistrado que buscó impulsar la rendición de cuentas por esas atrocidades”. Y añadió que “es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero“.

http://periodismohumano.com/sociedad/mas-de-cincuenta-organizaciones-de-derechos-humanos-defienden-a-garzon.html

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