El CGPJ descubre ahora que hay intereses políticos en el acoso al juez Garzón

El juez de la Audiencia Nacional se encuentra al borde de la suspensión por tres causas abiertas contra él en el Supremo, entre ellas dos que atañen directamente a la espina dorsal de la clase política española más conservadora y recalcitrante: la corrupción, cuya máxima expresión es en estos momento el ‘caso Gürtel’…
Human Rights Watch apoya a Garzón

NUEVATRIBUNA.ES – 19.3.2010

…, y la investigación de los crímenes y las atrocidades del franquismo a la que esa misma clase política se opone con denuedo. La tercera causa, la de los supuestos cobros que Baltasar Garzón habría percibido por unos cursos en la Universidad de Nueva York, se acumula a las otras dos para intentar desacreditar al magistrado que inició la instrucción de Gürtel y de los crímenes del franquismo.

En estos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera sobre si deben o no anularse las escuchas telefónicas a los abogados de la trama que dirigía Francisco Correa y que ordenó el juez Garzón. Si finalmente las escuchas fueran suprimidas del sumario, los imputados obtendrían un impagable balón de oxígeno, ya que son esas conversaciones las que demuestran la forma mafiosa en la que actuaba la trama, la connivencia de los letrados con los cabecillas y las relaciones con altos cargos del PP. Y, además, si prospera la querella contra Garzón por la supuesta ilegalidad de las escuchas, habrá un elemento más a favor de su suspensión que ha de decidir el Consejo General del Poder Judicial.

Pues bien, este viernes el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ha alertado sobre el riesgo de que el proceso en el seno de este órgano para decidir si se aparta o no al el juez de la Audiencia Nacional por las tres querellas admitidas a trámite en el Tribunal Supremo (TS), pueda convertirse en un tema político y no judicial.

En opinión de De Rosa, “el foco tiene que estar en el señor Garzón, que tiene tres querellas, y no si el CGPJ tiene o no objetividad, enemistades y si está compuesto por progresistas o conservadores. Lo medular es si Garzón, con tres querellas en el TS, puede o no continuar tramitando procedimientos en su propio juzgado”. Estas declaraciones han sido realizadas a Onda Cero, donde ha reiterado su decisión de abstenerse sobre la suspensión de Garzón, con el fin de “preservar la independencia del CGPJ”, para que no haya “ninguna duda” de que si se aparta al juez sea por la amistad que el vicepresidente del Consejo mantiene con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, también salpicado por el ‘caso Gürtel’.

De Rosa ha asegurado que tiene “decisiones propias, independientemente de las amistades” y que es un “dato objetivo” que haya “indicios racionales de delito” sobre las escuchas telefónicas, tal y como ha señalado el Supremo al admitir “por unanimidad” la querella interpuesta al juez por estas intervenciones telefónicas. No obstante, ha manifestado su apuesta por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se regule “de manera inmediata y objetiva” la inhabilitación de un juez si pesa sobre él una querella.

Independientemente de la postura personal del vicepresidente del Consejo, el trasfondo político del ‘caso Garzón’ parece más que evidente. Son muchos los miembros de la judicatura que lo han denunciado. En declaraciones a nuevatribuna.es, lo han hecho el magistrado José Antonio Martín Pallín y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. El propio Baltasar Garzón lo puso de relieve este viernes cuando dijo, en una mesa redonda celebrada en el XXII Congreso de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, que los ataques que recibe no obedecen a errores en su labor como magistrado, sino a “intereses que no se comparecen bien con la Justicia”.

Aunque dijo que no se siente “acosado” en su trabajo diario, sí consideró que la situación que vive es “injusta”. “Hay muchas personas, y algunos en particular”, que “han pasado el límite de lo asumible y aceptable”, apuntó sin citar nombres en particular. A pesar de todo, Garzón sigue confiando en el resultado del proceso abierto contra él: “Soy un ciudadano normal que aspira a tener las garantías que todo ciudadano tiene ante la Administración de Justicia, creo en esa Administración de Justicia y cuando toque y cuando así se deba establecer, quedará clarificada toda la situación”.

Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, retomará las deliberaciones sobre si anula o no las escuchas telefónicas. De momento, en la Sala de lo Penal, que es la que debe tomar la decisión, las cosas están así: dos de sus miembros, Francisco José Vieira, -presidente del TSJM a instancias de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, afín al PP- y Emilio Fernández de Castro, también conservador, son partidarios de anular total o parcialmente las escuchas. El juez José Manuel Suárez Robledano defiende sin embargo validar todas las escuchas que, a su juicio, tienen valor probatorio.

En medio de las deliberaciones y de la lógica expectación que han despertado, El País asegura en su edición de este viernes que Vieira ha pedido a la policía que haga un exhaustivo barrido electrónico en las instalaciones de su sede judicial con el fin de comprobar si hay micrófonos ocultos.

Y Fernando de Rosa aún se asombra de que el caso esté politizado.

http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=31302

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