¿INTOCABLES?

Aureliano Francisco Santiago Castellano
sábado, 27 de marzo de 2010
D.Fernando de la Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, decía hace tan sólo unos días, refiriéndose a Garzón, que “es la primera vez en la historia de la justicia española, que un magistrado se tiene que enfrentar al mismo tiempo a tres querellas por su forma de proceder”.
De la Rosa, aunque califica de insólito que esto esté pasando, se encuentra en las antípodas de quienes defienden que existe una conspiración ultraconservadora para acabar con la carrera de este juez que a nadie deja indiferente, pero hay quien piensa que haberla, hayla. Y es que hablamos de un magistrado, Baltasar Garzón, que descabezó al narcotráfico gallego, dando con ello muchas satisfacciones a las madres coraje que habían visto morir a generaciones enteras de jóvenes a causa de la impunidad  de los capos. Hablamos de quien ha sido un referente indiscutible en la lucha contra ETA y la violencia callejera, pero también de quien destapó y metió en la cárcel a los terroristas y promotores del GAL y sus fondos reservados. Hablamos de quien ayudó a clarificar la autoría del salvaje atentado del 11M en Madrid frente a los enredos del ácido bórico, de quien puso en serios aprietos judiciales al impune dictador Augusto Pinochet, pero también de quien ahora, en pura coherencia, había atendido los ruegos de miles de familiares de desaparecidos en su propio país durante la guerra civil. Sinceramente, no sé si existe una trama organizada para expulsar de la judicatura a D.Baltasar Garzón, ni pienso entrar en disquisiciones de procedimiento jurídico,  pero hay quien dice que se dan indicios para pensar que se puede estar produciendo una encarnizada batalla en el seno de la justicia española. Una batalla, que la puede herir de muerte a poco que de su desenlace salgan vencedores y vencidos, impunes o víctimas de tribunales sumarísimos que nada tienen que ver con la aplicación del derecho. A Garzón lo han venerado muchos de los que ahora lo odian y se le ha odiado desde posiciones que hoy lo colocan en los altares. Ha sido un juez vendido a la derecha cuando el caso Roldán, un héroe por descabezar a ETA y un juez rojo y conspirador por querer que, 74 años después, descansen en paz los muertos y los vivos que padecieron la represión franquista. A ratos ha sido juez estrella de impoluto proceder mientras las causas que abriera no fueran contra los míos, pero también un presunto prevaricador de alocada práctica cuando los temas y personas afectadas eran otros, algunos de los que se creían intocables. Y a todas estas, en mitad de todo este fuego cruzado, se nos presenta un Tribunal constitucional que dicen tiene perdida su independencia a los ojos de los ciudadanos y un Supremo que irá camino de ello, a poco que se deje enfangar por quienes quieren que, también la justicia, se empuerque con algunas de las miserias que, para tristeza de todos. se han instalado en algunos campos de la política

La justicia tiene que funcionar porque es uno de los pilares del Estado de Derecho que entre todos nos hemos dado y defendemos. Si ésta debe apartar a alguien o algo de la práctica judicial y del común de los ciudadanos honrados, es a quienes en nada contribuyen a que en esta sociedad cunda la legalidad, los derechos fundamentales, la justicia sin exclusiones, el respeto y la honorabilidad de las personas y las instituciones. Sinceramente creo que Baltasar Garzón y otros que incluso no piensan como él, desde el tribunal más distinguido al juzgado más pequeño, han contribuido y deben seguir contribuyendo a no dar un sólo respiro a la impunidad; la pasada, la presente y la futura, porque en ello nos va mucho más que la defensa de una determinada orientación ideológica. En ello nos va el que algunos se crean intocables o no, que la justicia sea para todos igual o no.

Aureliano Francisco Santiago Castellano

Alcalde de Telde y Presidente de Nueva Canarias en Telde

http://canarias24horas.com/index.php/2010032773121/firmas/intocables.html

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Quieren enjuiciar a Baltasar Garzón por investigar crímenes del franquismo

Es el juez que pasó a la fama por pedir la detención de Augusto Pinochet y logró que el represor argentino Adolfo Scilingo fuera condenado en España. Ahora se metió con los crímenes de su país, pero lo quieren destituir.

jueves, 25 de marzo de 2010

El Tribunal Supremo español rechazó hoy el recurso de apelación presentado por el juez Baltasar Garzón en el caso de prevaricato abierto en su contra por haber investigado los crímenes del franquismo, por lo que el magistrado queda a un paso de ser juzgado.

En una resolución publicada hoy, el Supremo afirma que “ni hay certeza sobre la inexistencia del delito, ni es arbitraria, ilógica o absurda” la acusación contra Garzón por declararse competente para investigar los crímenes de la guerra civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).

El máximo tribunal no valora si Garzón debe ser finalmente juzgado o no, sino que se limita a señalar que no hay motivos suficientes para invalidar los argumentos del magistrado instructor del caso, Luciano Varela, quien imputó a Garzón un delito de prevaricato, castigado con inhabilitación de 12 a 20 años.

Con esta decisión, Garzón, quien adquirió prestigio internacional al pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1998) y logró que el represor argentino Adolfo Scilingo fuera condenado en España por delitos de lesa humanidad, está muy cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por intentar investigar iguales crímenes cometidos en España.

El juez Varela debe dictar ahora el procesamiento de Garzón, aunque antes podría acordar la práctica de las pruebas solicitadas por la defensa, que pidió que sean llamados a declarar prestigiosos juristas internacionales, como el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni y Carla del Ponte, actual Embajadora de Suiza en Argentina y ex fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (TPIY), entre otros.

Al imputarle el delito de prevaricato, Varela sostuvo que una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 “superar la limitación que dicha ley imponía” e intentó “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar” del franquismo.

Además, de acuerdo con el instructor, Garzón sabía que los crímenes del franquismo habían sido objeto de amnistía “por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.

El Tribunal Supremo español tiene abiertas tres investigaciones contra Garzón. Las dos primeras por haber investigado los crímenes del franquismo y por un dinero que presuntamente obtuvo del Banco Santander para financiar unas actividades académicas en Nueva York en 2005 y 2006.

La tercera es por ordenar intervenir las conversaciones en prisión entre varios imputados y sus abogados en la trama de corrupción “G3rtel”, que salpica al conservador Partido Popular (PP).
El magistrado está citado a declarar ante el Supremo el próximo 15 de abril, acusado de cohecho y prevaricato en la causa de los supuestos cobros de los cursos patrocinados por el Santander.

En un escrito presentado el 5 de marzo al órgano de gobierno de los jueces, que debe decidir si suspende o no a Garzón mientras el Supremo lo investiga, el magistrado acusó al PP de Mariano Rajoy de estar detrás de las acusaciones en su contra por medio de una campaña de “desprestigio y acoso” que comenzó en febrero de 2009.

Garzón hacia el banquillo

TRIBUNA: ARACELI MANJÓN-CABEZA OLMEDA

25/03/2010

Por más que se esperase no deja de sorprender: la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado el Auto de 3 de febrero de 2010 por el que Varela denegaba el sobreseimiento que el juez Garzón pretendía y anticipaba improcedentemente -pues no era el momento procesal para ello- un fallo condenatorio.

Todo parecía indicar entonces que Garzón sería considerado prevaricador por las investigaciones que había iniciado en relación a los muchos delitos cometidos durante la guerra civil y en la posguerra. Y esto sería así, salvo que la Sala lo evitase no confirmando el Auto de Varela; pero habiéndose producido el respaldo, la crónica de la condena anunciada se va materializando a plazos y el siguiente será sentar al Juez en el banquillo, lo que podrá provocar que el Consejo General del Poder Judicial le suspenda de sus funciones.

Y todo está pasando contra el reiterado criterio de la Fiscalía, que nunca vio razones para proceder contra el juez Garzón -en ninguna de las tres causas por las que se le investiga-; con la sola acusación de unos grupos movidos por no se sabe qué motivaciones, a los que el Supremo no ha puesto ningún freno; en medio de un clamor nacional e internacional sin precedentes que, aglutinando a juristas y no juristas, a partidarios, indiferentes y no simpatizantes, reclama que se vuelva a la cordura y que se aborte esta persecución, dirigida contra una persona, pero que tendrá demoledores efectos colaterales en la independencia judicial y en el prestigio que algunas togas nunca debieron perder.

Escribo en términos de inevitable fatalidad porque no puedo entender que, habiendo tenido la Sala del Supremo la oportunidad de parar -casi- a tiempo esta locura, no lo haya hecho: ¿irracional huída hacia adelante o meditada condena más que previsible?

http://www.elpais.com/articulo/espana/Garzon/banquillo/elpepuesp/20100325elpepunac_23/Tes

Más de cincuenta organizaciones de derechos humanos defienden a Garzón

24.03.2010 · Patricia Simón

Una misión internacional de organizaciones de derechos humanos y juristas de todo el mundo terminó ayer una misión de solidaridad con el juez.

Human Rights Watch califica el proceso contra el juez como un menoscabo al Estado de Derecho español

Cincuenta y nueve organizaciones internacionales de derechos humanos y más de 150 juristas, abogados, jueces, académicos y defensores de derechos humanos de todo el mundo han firmado una carta abierta a las autoridades españolas en solidaridad con el Juez Garzón.  Para entregarla en mano, han venido a España Louis Joinet, el Abogado General Emérito de la Corte de Casación francesa, antiguo experto de las Naciones Unidas y antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad, Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Francisco Soberón, Director de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú.

La misión tenía entre sus principales objetivos reunirse con las máximas autoridades judiciales de España. Sin embargo, tanto el Presidente de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, como el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, no han encontrado tiempo para un encuentro durante los dos días que ha durado la misión. Sí que han podido reunirse con algunos miembros de la Audiencia Nacional, así como con el Director general de Naciones Unidas, Asuntos globales y Derechos Humanos de Ministerio de Asuntos Exteriores, Jorge Manuel Domecq, así como con miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de la Asociación Jueces por la Democracia, entre otros.

La misión ha mostrado sus dudas sobre los verdaderos motivos del procesamiento a Garzón

En la carta los firmantes piden que se sobresea el proceso penal abierto contra Garzón por un presunto delito de prevaricación “por ser su actuación conforme al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos”. La carta también explica que “resulta desconcertante la utilización del tipo de prevariación judicial en contra del Juez Baltasar Garzón, puesto que el operador judicial siempre tiene un margen de interpretación en la aplicación de la ley y, si lo hace a favor de las obligaciones del Estado en derechos humanos, sus actuaciones no podrían considerarse como irrazonables o antijurídicas, so pena de afectar los principios básicos de la administración de justicia penal para investigar, sancionar, reparar y prevenir frente a todo tipo de crímenes y en particular frente a aquellos que revierten el carácter de internacionales”.

La comisión también ha mostrado su preocupación porque “acudir a la persecución penal del Juez para sancionar lecturas diferentes en la aplicación de la ley, sienta un peligroso precedente que afecta la independencia de los jueces, pilar esencial de la administración judicial en una democracia y en un Estado social de derecho”. La misión ha preguntado “cuántos operadores judiciales en España han sido objeto de persecución penal por presuntas prevaricaciones judiciales al tener criterios diferentes en la aplicación de la ley penal”. Y que, por tanto,  les despierta “serias dudas sobre las motivaciones en que se fundamentan las causas en su contra” que puede “dejar entrever una persecución orquestada por intereses distintos a los de la búsqueda de justicia”.

La misión y la carta han sido coordinadas por el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, un proyecto conjunto de dos importantes organizaciones: La Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura.

“Investigar al magistrado que cuestionó la amnistía menoscaba el Estado de Derecho”

La prestigiosa organización Human Rights Watch ha publicado este fin de semana un informe que comienza con el siguiente párrafo:

“Las autoridades españolas deberían cumplir la recomendación de las Naciones Unidas de poner fin a la ley de amnistía de 1977, en lugar de investigar a un magistrado que busca la rendición de cuentas por los abusos del pasado”. Y añade: “Garzón está siendo investigado penalmente por indagar 22 casos de presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas de más de 100.000 víctimas, ocurridas entre 1936 y 1951. Los tribunales españoles han impedido sistemáticamente las investigaciones sobre abusos cometidos durante la guerra civil que sufrió el país y la dictadura franquista”.

El Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró el pasado sábado “Los tribunales españoles, que se han distinguido por no investigar denuncias de delitos aberrantes cometidos en el pasado, curiosamente hoy están siendo activos en la investigación de un magistrado que buscó impulsar la rendición de cuentas por esas atrocidades”. Y añadió que “es irónico que España no esté cumpliendo con los estándares que Garzón ayudó a hacer cumplir en el extranjero“.

http://periodismohumano.com/sociedad/mas-de-cincuenta-organizaciones-de-derechos-humanos-defienden-a-garzon.html

Solidaridad con el Juez Baltasar Garzón

Paris-Ginebra-Madrid, 23 de marzo de 2010. El Observatorio para la Protección de
los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Federación
Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial Contra la
Tortura (OMCT), ha finalizado hoy en España una misión de solidaridad con el Juez
Baltasar Garzón.
Esta misión ha presentado una Carta abierta a las autoridades judiciales españolas en
solidaridad con el Juez Baltasar Garzón ante la querella por los crímenes del
franquismo. Dicha iniciativa ha sido avalada por 59 organizaciones de derechos humanos
de numerosos países y por más de 150 juristas, abogados, jueces, académicos y
defensores de derechos humanos de distintas nacionalidades.

La misión de solidaridad ha estado compuesta por el Sr. Louis Joinet, Abogado General
Emérito de la Corte de Casación francesa, antiguo experto de las Naciones Unidas y
antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad, el Sr.
Luis Guillermo Pérez Casas, Secretario General de la FIDH, y el Sr. Francisco
Soberón, Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH – Perú).

La misión ha solicitado que se sobresea el proceso penal abierto por un presunto delito
de prevaricación contra el Juez Baltasar Garzón, por ser la actuación del Juez Garzón
conforme al derecho internacional y al derecho internacional de los derechos humanos.

La misión también ha requerido que se dé a conocer que la Ley de Amnistía de 1977 no
se aplica a crímenes de lesa humanidad y que el Estado español cumpla con la
obligación que tiene pendiente de investigar estos crímenes cometidos durante la
dictadura franquista, en particular los crímenes de desaparición forzada.

La carta presentada muestra la perplejidad de los firmantes frente al auto de 3 de febrero
de 2010 del magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la causa
especial contra el Juez Baltasar Garzón, que decidió continuar la investigación judicial
manteniéndolo como imputado de un presunto delito de prevaricación judicial. Según la
querella abierta contra el Juez Garzón, éste habría “prevaricado” al asumir la
competencia para investigar crímenes del franquismo. Se le acusa de ignorar
conscientemente la ley de amnistía de 1977, el principio de la irretroactividad de la ley
penal, el principio de legalidad y la prescripción de la acción penal.

Resulta desconcertante la utilización del tipo de prevaricación judicial en contra del Juez
Baltasar Garzón, puesto que “el operador judicial siempre tiene un margen de
interpretación en la aplicación de la ley y, si lo hace a favor de las obligaciones del Estado
en derechos humanos, sus actuaciones no podrían considerarse como irrazonables o
antijurídicas, so pena de afectar los principios básicos de la administración de justicia
penal para investigar, sancionar, reparar y prevenir frente a todo tipo de crímenes y en
particular frente a aquellos que revierten el carácter de internacionales”, tal y como
declaran los firmantes de la carta.

También los firmantes recuerdan que es un imperativo de justicia que España salde su
deuda pendiente con las víctimas de la dictadura franquista y con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos.

La misión ha tenido conocimiento igualmente, de otras querellas abiertas contra el Juez
Baltasar Garzón [1], en asuntos que cuestionan también su interpretación de la ley penal.

Lo común frente a las decisiones de los operadores judiciales es que las mismas se
cuestionen, anulen, cambien o confirmen a través de los recursos ordinarios disponibles.
Acudir a la persecución penal del Juez para sancionar lecturas diferentes en la aplicación
de la ley, sienta un peligroso precedente que afecta la independencia de los jueces, pilar
esencial de la administración judicial en una democracia y en un Estado social de
derecho.

La misión ve con preocupación que estas querellas tienden a minar la credibilidad del
juez, su honorabilidad y su compromiso profesional y que por su concurrencia pueden
dejan entrever una persecución orquestada por intereses distintos a los de la búsqueda
de justicia. La misión ha preguntado cuántos operadores judiciales en España han sido
objeto de persecución penal por presuntas prevaricaciones judiciales al tener criterios
diferentes en la aplicación de la ley penal. Las querellas contra el Juez Garzón
mostrarían un afán sin precedentes en su admisibilidad, que nos dejan serias dudas
sobre las motivaciones en que se fundamentan las causas en su contra.

Finalmente la misión y los firmantes han manifestado su reconocimiento al Juez Baltasar
Garzón por su actuación en favor de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y
la reparación aún más allá de las fronteras de España, convirtiéndose en un importante
baluarte que en los últimos años ha hecho evolucionar el derecho penal internacional.

Para mayor información, por favor contacten:
· FIDH: Gaël Grilhot / Karine Appy: + 33 1 43 55 25 18
· OMCT: Eric Sottas: + 41 22 809 49 39

Notas

[1] Auto 28/01/2010 admisión a tramite de la querella contra Baltazar Garzón (Banco Santander) – causa n°00339/2009 : prevaricación y cohecho, y Auto 25/0 2/2010 admisión a tramite de la querella contra Balthazar Garzón (caso Gürtel) : prevaricación por presunta interceptación ilegal de comunicaciones.

http://www.fidh.org/Solidaridad-con-el-Juez-Baltasar-Garzon

LOUIS JOINET Ex Relator Especial de la ONU El acoso a Garzón

“Acusar de prevaricación al juez da ideas a países no democráticos”

J. M. LÁZARO – Madrid – 24/03/2010

Louis Joinet, magistrado y abogado general emérito de la Corte de Casación Francesa y antiguo Relator Especial de Naciones Unidas, es uno de los integrantes de la misión de solidaridad con el juez Baltasar Garzón organizada por la Federación Internacional de Derechos Humanos. Afirma que él no ha venido para juzgar a la Justicia en España, sino porque defender ahora a Garzón es una “cuestión de principios” y porque le parece paradójico que en un proceso al franquismo al final el procesado sea el juez que lo investigó.

Pregunta. ¿Había conocido usted algún otro caso similar a este?

Respuesta. Hace 20 años, la evolución del Derecho Internacional no habría permitido un caso semejante pero ahora, en América Latina, en Europa, en África, la evolución del Derecho Penal Internacional pasa por investigar y aplicar la justicia allí donde se hayan cometido crímenes graves contra la Humanidad. El papel fundamental en esa evolución fue el caso Pinochet. La situación de Garzón es muy grave por otra razón: en el mundo, en algunos países, los Gobiernos no tienen aprecio por los jueces independientes que investigan por el derecho de las víctimas a la verdad. España es sin duda un país democrático, pero la utilización del delito de prevaricación puede suponer un grave precedente y dar ideas a los dirigentes de países no democráticos.

P. ¿Cree que se puede investigar el franquismo a la luz del Derecho Internacional?

R. En el pasado, el objetivo de la Justicia era identificar a los autores buscando su incriminación o buscar pruebas para un proceso equitativo. Ahora, la Justicia internacional además del objetivo clásico de identificar a los autores, tiene el objetivo de reparación a las víctimas de las desapariciones. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, qué pasó, cómo y cuándo. Probablemente, todos los autores están muertos, pero las víctimas siguen existiendo y tienen derecho a saber.

P. ¿Usted llevó algún asunto en el que tuviese que investigar desapariciones?

R. Yo fui el segundo juez instructor en el affaire Ben Barka [el disidente marroquí secuestrado en París en 1965 y torturado hasta la muerte en Francia, cuyo cadáver nunca apareció].El general Ufqir y otros secuestradores están muertos y otros fueron condenados, pero el cuerpo de Ben Barka ¿dónde está? Aún hoy, 45 años después, hay un juez instructor en Francia que prosigue las investigaciones del paradero de Ben Barka. Y para su hijo, es fundamental saber dónde está el cuerpo.

P. ¿Qué imagen tiene en Europa el Tribunal Supremo español?

R. Conozco la Justicia española desde los tiempos de Franco. Creo que el Tribunal Supremo español es democrático, pero tiene un problema de formación de los magistrados. Ahora, con la globalización mundial, el juez tiene la obligación de tener en cuenta el Derecho Internacional.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Acusar/prevaricacion/juez/da/ideas/paises/democraticos/elpepunac/20100324elpepinac_5/Tes

El CGPJ descubre ahora que hay intereses políticos en el acoso al juez Garzón

El juez de la Audiencia Nacional se encuentra al borde de la suspensión por tres causas abiertas contra él en el Supremo, entre ellas dos que atañen directamente a la espina dorsal de la clase política española más conservadora y recalcitrante: la corrupción, cuya máxima expresión es en estos momento el ‘caso Gürtel’…
Human Rights Watch apoya a Garzón

NUEVATRIBUNA.ES – 19.3.2010

…, y la investigación de los crímenes y las atrocidades del franquismo a la que esa misma clase política se opone con denuedo. La tercera causa, la de los supuestos cobros que Baltasar Garzón habría percibido por unos cursos en la Universidad de Nueva York, se acumula a las otras dos para intentar desacreditar al magistrado que inició la instrucción de Gürtel y de los crímenes del franquismo.

En estos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera sobre si deben o no anularse las escuchas telefónicas a los abogados de la trama que dirigía Francisco Correa y que ordenó el juez Garzón. Si finalmente las escuchas fueran suprimidas del sumario, los imputados obtendrían un impagable balón de oxígeno, ya que son esas conversaciones las que demuestran la forma mafiosa en la que actuaba la trama, la connivencia de los letrados con los cabecillas y las relaciones con altos cargos del PP. Y, además, si prospera la querella contra Garzón por la supuesta ilegalidad de las escuchas, habrá un elemento más a favor de su suspensión que ha de decidir el Consejo General del Poder Judicial.

Pues bien, este viernes el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, ha alertado sobre el riesgo de que el proceso en el seno de este órgano para decidir si se aparta o no al el juez de la Audiencia Nacional por las tres querellas admitidas a trámite en el Tribunal Supremo (TS), pueda convertirse en un tema político y no judicial.

En opinión de De Rosa, “el foco tiene que estar en el señor Garzón, que tiene tres querellas, y no si el CGPJ tiene o no objetividad, enemistades y si está compuesto por progresistas o conservadores. Lo medular es si Garzón, con tres querellas en el TS, puede o no continuar tramitando procedimientos en su propio juzgado”. Estas declaraciones han sido realizadas a Onda Cero, donde ha reiterado su decisión de abstenerse sobre la suspensión de Garzón, con el fin de “preservar la independencia del CGPJ”, para que no haya “ninguna duda” de que si se aparta al juez sea por la amistad que el vicepresidente del Consejo mantiene con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, también salpicado por el ‘caso Gürtel’.

De Rosa ha asegurado que tiene “decisiones propias, independientemente de las amistades” y que es un “dato objetivo” que haya “indicios racionales de delito” sobre las escuchas telefónicas, tal y como ha señalado el Supremo al admitir “por unanimidad” la querella interpuesta al juez por estas intervenciones telefónicas. No obstante, ha manifestado su apuesta por modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que se regule “de manera inmediata y objetiva” la inhabilitación de un juez si pesa sobre él una querella.

Independientemente de la postura personal del vicepresidente del Consejo, el trasfondo político del ‘caso Garzón’ parece más que evidente. Son muchos los miembros de la judicatura que lo han denunciado. En declaraciones a nuevatribuna.es, lo han hecho el magistrado José Antonio Martín Pallín y el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo. El propio Baltasar Garzón lo puso de relieve este viernes cuando dijo, en una mesa redonda celebrada en el XXII Congreso de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, que los ataques que recibe no obedecen a errores en su labor como magistrado, sino a “intereses que no se comparecen bien con la Justicia”.

Aunque dijo que no se siente “acosado” en su trabajo diario, sí consideró que la situación que vive es “injusta”. “Hay muchas personas, y algunos en particular”, que “han pasado el límite de lo asumible y aceptable”, apuntó sin citar nombres en particular. A pesar de todo, Garzón sigue confiando en el resultado del proceso abierto contra él: “Soy un ciudadano normal que aspira a tener las garantías que todo ciudadano tiene ante la Administración de Justicia, creo en esa Administración de Justicia y cuando toque y cuando así se deba establecer, quedará clarificada toda la situación”.

Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, retomará las deliberaciones sobre si anula o no las escuchas telefónicas. De momento, en la Sala de lo Penal, que es la que debe tomar la decisión, las cosas están así: dos de sus miembros, Francisco José Vieira, -presidente del TSJM a instancias de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, afín al PP- y Emilio Fernández de Castro, también conservador, son partidarios de anular total o parcialmente las escuchas. El juez José Manuel Suárez Robledano defiende sin embargo validar todas las escuchas que, a su juicio, tienen valor probatorio.

En medio de las deliberaciones y de la lógica expectación que han despertado, El País asegura en su edición de este viernes que Vieira ha pedido a la policía que haga un exhaustivo barrido electrónico en las instalaciones de su sede judicial con el fin de comprobar si hay micrófonos ocultos.

Y Fernando de Rosa aún se asombra de que el caso esté politizado.

http://www.nuevatribuna.es/noticia.asp?ref=31302