En defensa del juez Garzón

Fran Ruiz | Opinión

Viernes 19 de Febrero, 2010 | Hora de modificación: 01:53

De la marea de apoyos que desde todo el mundo está recibiendo Baltasar Garzón, al borde de ser procesado y expulsado del Poder Judicial español por un delito de prevaricación, me quedo con un adjetivo que resume la cadena de acontecimientos que lo ha llevado a esta situación: esperpéntico.

Como bien lo recuerda Robert Bosschart para Radio Nederland, España parece empeñada en hacer honor a ese término que a principios del siglo XX acuñó el escritor Ramón del Valle-Inclán para denunciar esa tendencia a “deformar grotescamente la realidad, resaltando sus rasgos más absurdos”.

En este reino de lo absurdo (España), los herederos de los criminales (grupos de extrema derecha encabezados por la Falange Española, último reducto del franquismo) son los que denuncian, mientras que el que pretende juzgar esos crímenes del pasado (el juez Garzón) es quien podría ser imputado. En este reino de lo absurdo, el juez que más impulsó la justicia universal en el mundo no sólo no puede hacer lo mismo en su propio país sino que puede ser defenestrado por ello.

El juez Garzón, probablemente afectado por ese cargo de conciencia que suponía perseguir crímenes contra la humanidad en todo el mundo, menos los ocurridos en su propio país durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), aceptó abrir proceso contra esas oscuras cuatro décadas de la historia de España, como así se lo pidieron asociaciones que habían llegado a la misma conclusión que él: si el imperio de la justicia universal se imponía en muchas partes del mundo ¿por qué no en España, uno de los países que más ha luchado por este derecho?

Garzón aceptó enmendar esta anomalía histórica hace dos años y se declaró competente para investigar los crímenes de la guerra y la dictadura. Abrió de esta manera la Caja de Pandora de donde se escaparon los fantasmas más siniestros del siglo pasado en España. En 35 años de democracia restaurada ningún tribunal se atrevió a imputar delitos a autores de esos crímenes, ni siquiera a ordenar el levantamiento de fosas comunes, donde tantos españoles fueron fusilados, como el poeta Federico García Lorca, para que los familiares puedan dar un entierro digno.

Esto fue así porque tras la muerte de Franco, en 1975, los líderes políticos de la transición pactaron una ley de amnistía total; algunos de esos “padres” de la democracia eran ex ministros franquistas como Manuel Fraga, fundador del PP, o el entonces presidente del gobierno Adolfo Suárez, e incluso antiguos combatientes, como el líder comunista Santiago Carrillo, que luchó en el bando republicano.

Quizá aceptaron ese pacto por un deseo urgente de reconciliación nacional o porque se sentían aún traumatizados por los horrores de una guerra fratricida que dejó más de un millón de muertos y otro millón más de exiliados; puede que ambas cosan hayan influido, pero lo que es seguro es que decretaron dicha amnistía porque tenían miedo al Ejército, y a que los generales que lucharon con Franco en el bando nacional se levantaran de nuevo en armas.

Este pacto permitió efectivamente una transición a la democracia que aún se sigue considerando modélica. Lo fue en el sentido de que los españoles no volvieron nunca más a enfrentarse a cañonazos sino en las urnas, pero fue un cierre en falso, injusto y humillante para las víctimas, igual que lo fueron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas en Argentina tras la restauración democrática, dejando en la impunidad a cientos de represores y en el más absoluto desamparo a las familias de las víctimas, como las madres de Mayo que no se rindieron y protestaron hasta que, gracias al impulso de jueces como Garzón, se revocaron esas leyes y se empezó por fin a impartir justicia.

El arresto de Pinochet ordenado por Garzón fue el parteaguas en la lucha por una justicia universal en la que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Las entonces jóvenes democracias sudamericanas, como la chilena, la uruguaya o la propia argentina, las que comprendieron que si ellos no enfrentaban su pasado en los tribunales, lo harían en otros lados, en España o en La Haya.

Todo esto se lo debemos al juez que la extrema derecha española, apoyada servilmente por diarios como El Mundo, pretenden sentar a Garzón en el banquillo de los acusados por haberse atrevido a investigar los crímenes del franquismo. El día que lo consigan al menos sabrán que allí estará medio mundo para apoyarle.

fran@cronica.com.mx

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=488965

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