‘El hombre que mató a Baltasar Garzón’

La Justicia española está a punto de sufrir el mayor descrédito de su historia. Si la cacería judicial emprendida contra Baltasar Garzón acarrea una suspensión de funciones para el magistrado con mayor prestigio de nuestra judicatura, el escándalo será inevitable. Nuestros tribunales, desde los juzgados de instrucción al Supremo y al Constitucional, tienen una merecida mala fama entre la sociedad española. Y tampoco gozan de buena imagen histórica en el mundo. Aunque la democracia haya lavado su siniestra trayectoria de arbitrariedades durante la dictadura, volverá a ensuciarla el que prosperen las denuncias contra Garzón de grupos fascistas, opuestos a la investigación de los crímenes del franquismo.

Baltasar Garzón ha sido el juez que más ha contribuido a que los ciudadanos recuperásemos algo de fe en la acción de la Justicia. Y como jurista es mundialmente respetado por haber ampliado los límites nacionales del Derecho. El concepto de Justicia Universal, que poco a poco se ha abierto paso en las naciones más avanzadas, no puede explicarse sin las aportaciones esenciales hechas por Garzón a partir de los procesos contra el general Pinochet y los centuriones argentinos. Tampoco sería posible escribir la historia española de las últimas décadas sin sus actuaciones contra el terrorismo de ETA, sobre los crímenes del GAL, en la persecución de la corrupción política, y en la represión del narcotráfico.

Aun así Garzón puede acabar apartado de la Audiencia Nacional, como paso previo a sentarlo en el banquillo del Tribunal Supremo, pretensión a la que se opone el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Juristas tan eminentes como Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, consideran un despropósito el auto contra Garzón. Las acusaciones de prevaricación son rechazadas por las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia. La Unión Progresista de Fiscales asegura que las actuación de Garzón en la investigación de los crímenes del franquismo ‘es completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional’, y señala que las denuncias contra el juez provienen de organizaciones ‘herederas directas de las implicadas en los crímenes investigados.’ Javier Zaragoza, el fiscal jefe de la Audiencia –que en su día se opuso a la competencia de Garzón para instruir el proceso al franquismo– se ha declarado dispuesto a testificar a favor del juez. Y lo mismo han hecho numerosos juristas extranjeros del mayor prestigio.

Sin embargo algunos de los colegas/enemigos de Garzón, encabezados por el juez Luciano Varela, se obstinan en un proceso tan discutible jurídicamente como bien orquestado mediáticamente. ¿Por qué? El propio Presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha hablado de los ‘posicionamientos previos’ y de los ‘planteamientos ideológicos y políticos’ subyacentes en las decisiones judiciales. Habrá, pues, que plantearse quién es Luciano Varela, un hombre de carácter soberbio que gusta de anunciarse a voces como ‘el ciudadano Varela, magistrado del Tribunal Supremo’. Y que puede pasar tristemente a la historia como ‘el hombre que mató a Baltasar Garzón’, en parangón con el jurista que mató a Liberty Valance. Como en la magistral película de John Ford, quedará para el final esclarecer de donde venían los disparos más certeros contra el famoso pistolero.

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