FAMILIARES DE DESAPARECIDOS ARGENTINOS APOYAN AL JUEZ GARZON

ESPAÑA-GARZON-COSOFAM

Internacionales | 11:00:00
Madrid, 27 de febrero (Télam).- Comité de Solidaridad de Familiares, de Desaparecidos y muertos en Argentina (COSOFAM) hizo público hoy su apoyo al juez español Baltasar Garzón, quien enfrenta dos procesos judiciales.
“El concepto de justicia universal hace que cada día sea más difícil que queden impunes las violaciones de los derechos humanos que cometen los gobiernos represores”, dijo el comunicado de COSOFAM que especificó que “esta circunstancia se debe a la actividad de la Unión Progresista de Fiscales y a la de Garzón”.
“El Juez Baltasar Garzón siempre ha sido un referente para todos los que luchamos, desde hace muchos años, contra la impunidad, contra la violación de los derechos humanos y por la vigencia de la justicia universal”, indicó COSOFAM.
Garzón llevó adelante procesos contra los dictadores argentinos y la detención y procesamiento de Augusto Pinochet, a la vez que encarceló a los represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo.
“En cambio, la represión sangrienta de la dictadura franquista no ha sido materia de procesamiento judicial y ni siquiera se ha obtenido una mínima reparación para los familiares de las víctimas del franquismo”, denuncia los familiares de desaparecidos.
Según COSOFAM, “el Juez Garzón se enfrenta al riesgo de sentarse en el banquillo de los acusados (…) por haber intentado investigar los crímenes de la dictadura franquista”.
Ayer, La Fiscalía expresó su oposición para que el juez sea suspendido en sus funciones de forma provisional a causa de dos procesos penales en su contra admitidos por el Tribunal Supremo español.
Los dos procedimientos penales abiertos contra el juez hacen referencia a la prevaricación por investigar los crímenes del franquismo, y el de cohecho por un dinero que recibió del Banco Santander para financiar conferencias en Nueva York. (Télam).-

http://www.elpatagonico.net/index.php?item=viewlast&ref=ultimas&id=74268&sec=ext

El Supremo deja en precario a Garzón y cuestiona las escuchas a la red Gürtel

Ofensiva contra el ‘caso Gürtel’

La admisión de la tercera querella amenaza la continuidad del juez en la Audiencia

JULIO M. LÁZARO – Madrid – 26/02/2010

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió ayer la querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervención de las comunicaciones en prisión de los implicados en la trama corrupta Gürtel con sus abogados.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió ayer la querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervención de las comunicaciones en prisión de los implicados en la trama corrupta Gürtel con sus abogados. La admisión de esta tercera querella contra Garzón en menos de un año y, sobre todo, la unanimidad de 11 de los 15 magistrados titulares de la Sala, de todas las tendencias, amenaza seriamente la continuidad de Garzón como juez de la Audiencia Nacional.

El magistrado, que se esperaba ya la decisión de la Sala, declaró a EL PAÍS: “Voy a seguir mientras pueda trabajando por la justicia. No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar”, remachó. De sus palabras se desprende que Garzón no va a rehuir la pelea en el Supremo, por más que esta decisión entraña que en breve será suspendido de funciones quizá durante años, y que se arriesga a que recaigan sobre él severas penas de inhabilitación como juez.

De haber optado por renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional, perdería el fuero ante el Supremo y las tres causas que tiene abiertas pasarían a ser competencia de un tribunal superior de susticia, donde tendría muchas más posibilidades de salir indemne. En la propia Audiencia Nacional ya ha habido precedentes: los magistrados Carlos Cezón y Juan José López Ortega fueron suspendidos de funciones y sometidos a un calvario judicial por haber liberado al narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, 15 días antes de su juicio. A partir del momento en que renunciaron a su plaza en la Audiencia, las acusaciones se diluyeron como por ensalmo.

La querella admitida ayer es la primera que determina la incriminación de un juez por ordenar unas escuchas telefónicas. El Supremo ha invalidado centenares de procesos por escuchas irregulares, pero nunca hasta ayer había admitido una querella contra el juez que las ordenó, aunque también se habían invalidado escuchas en prisión. El Supremo extiende, además, un manto de sospecha sobre la validez de esas escuchas, que fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y prorrogadas y avaladas por el actual juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y dejan en precario la actuación judicial contra toda la trama.

El ponente de la resolución, José Manuel Maza, parte de la premisa de que “las comunicaciones de presos con abogado sólo pueden intervenirse en los supuestos de terrorismo mediante orden judicial”, tesis recogidas en sentencias de 1995 y 1998. No obstante, hoy se distinguen las escuchas como medida de régimen penitenciario de las acordadas para la investigación de delitos y, de hecho, se han intervenido conversaciones de presos con abogados en los casos de Marta del Castillo y del narcotraficante Pablo Vioque, sin consecuencias.

El Supremo cuestiona la hipótesis de que los abogados de los imputados en el caso Gürtel pudieran hacer de “enlace” entre los corruptos en prisión y la organización delictiva, “referida a la totalidad indiscriminada de aquéllos”. Según el alto tribunal, Garzón sólo detalló la identidad de uno de esos abogados, José Antonio López Rubal (que, efectivamente, luego resultó imputado por blanqueo), lo que ofrece “un único fundamento fáctico para tan genérica e importante decisión”. En suma, la Sala de lo Penal tiene “dudas” sobre “la legalidad de las resoluciones” del juez, por lo que “no excluye” la existencia de delito.

El alto tribunal considera “legitimado” a Peláez para querellarse, pese a que éste no es abogado de ninguno de los presos de la red Gürtel. Peláez defiende al empresario José Luis Ulibarri, que no fue a prisión, pero se entrevistó en la cárcel con los principales implicados de la trama, según él, para “preparar la estrategia de defensa”, por lo que aparece en las grabaciones.

Sin embargo, fuentes de la defensa de Garzón subrayaron que el Supremo no ha tenido en cuenta un importante auto de 27 de marzo de 2009, en el que Garzón ordenaba segregar del procedimiento todas las escuchas que tengan relación con la “estrategia procesal de los abogados”. Contra el criterio del fiscal, la Sala da a Peláez la cualidad de “ofendido por el delito”, como “titular de unos bienes jurídicos conculcados por esas infracciones penales, cualquiera que fuese su relación profesional o de otro tipo”.

El último argumento del fiscal, basado en el “fraude procesal” que supondría que los pronunciamientos del Tribunal Supremo pudieran vincular al Tribunal Superior de Madrid que instruye el caso Gürtel, también es rechazado. La Sala replica que lo “irregular” sería que al albur de un pronunciamiento sobre el valor atribuido a las escuchas “se pretenda excluir un pronunciamiento acerca de la existencia o no, de un delito”.

Las querellas contra el juez Baltasar Garzón

Investigación de los crímenes del franquismo. Fue presentada en el Tribunal Supremo por haber investigado los crímenes del franquismo. El instructor, el magistrado Luciano Varela, estima que Garzón ignoró la Ley de Memoria Histórica para asumir el control de la localización de las víctimas de la represión y que se saltó la Ley de Amnistía. Considera que eso puede ser prevaricación, castigada con inhabilitación de 12 a 20 años. Los querellantes son el pseudosindicato ultra Manos Limpias (que preside Miguel Bernard), la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Está pendiente de una decisión de la Sala de lo Penal a fin de preparar el juicio oral.

Los honorarios de Nueva York y un patrocinio. Fue presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por supuestos cobros irregulares de Baltasar Garzón como profesor distinguido de la Universidad de Nueva York. El Supremo la admitió a trámite. Le acusan de haber obtenido del banco Santander 1,2 millones de euros y luego haber archivado una querella contra el presidente de la entidad bancaria Emilio Botín. El archivo luego fue ratificado por la Audiencia y el Supremo. Los 1,2 millones fueron en realidad 216.000 euros, y no fueron al bolsillo del juez, sino que sirvieron para patrocinar unos coloquios en la universidad. Es la tercera vez que el Supremo estudia el caso, que ya fue archivado por la propia Sala Penal y por el Consejo General del Poder Judicial.

Las escuchas en prisión a la trama Gürtel. El Supremo la admitió a trámite ayer. La presentó el abogado Ignacio Peláez, defensor del constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. En ese sumario constan datos sobre su amistad con Francisco Correa, jefe de la trama, y sobre el supuesto pago de comisiones a políticos para obtener concursos públicos. Peláez (ex fiscal en la Audiencia Nacional en los casos Sogecable y Pinochet, y que fue juzgado y absuelto en el caso de la carta falsa de Los Albertos) dice que Garzón habría prevaricado al autorizar la grabación de las conversaciones de los imputados con sus abogados en la cárcel. Su cliente, Ulibarri, no está entre ellos.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/deja/precario/Garzon/cuestiona/escuchas/red/Gurtel/elpepuesp/20100226elpepinac_4/Tes

Baltazar Garzón pide interrogar a viuda de Pinochet

Escrito por elmercuriodigital
25-02-2010
El Juez de la Audiencia Nacional española, Baltazar Garzón, pidió a la Justicia chilena que interrogue a la viuda del dictador Augusto Pinochet, en el caso del  presunto lavado de dinero de la familia.

El magistrado español envió dos cartas de exhorto a la Corte Suprema de Chile. Allí pide interrogatorios para la viuda del dictador, Lucía Hiriart; para el ex albacea de Pinochet, Óscar Aitken; y para dos ex ejecutivos del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso.

La Corte deberá responder a la petición luego de recibir un informe no vinculante de la fiscal Mónica Maldonado.

El pedido de Garzón responde a una querella presentada en Madrid por la española Fundación Salvador Allende.

El juez también solicitó que los imputados paguen una fianza solidaria por 77 millones de dólares por las responsabilidades económicas que puedan derivarse del proceso.

La Justicia chilena investiga desde 2004 el origen de la fortuna del dictador fallecido en 2006. Por el momento esta causa no ha descubierto el lavado de activos.

Esta investigación comenzó cuando un informe del Senado de Estados Unidos reveló que Pinochet contaba con cuentas secretas en el Riggs Bank de ese país.

Luego de las primeras averiguaciones, se hallaron 125 cuentas fuera de Chile en propiedad del dictador, que sumaban una fortuna estimada en 27 millones de dólares.

http://elmercuriodigital.es/content/view/25420/53/

Vamos a juzgar al Tribunal Supremo

EL INTENTO DE INHABILITAR AL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Quizá el proceso a Garzón pueda ser para nuestra vieja justicia lo que el 23-F para el Ejército franquista

LEONARD BEARD
LEONARD BEARD
ANTONIO Franco

España todavía tiene pendientes de cobro las facturas morales que le debe la Administración de justicia del régimen anterior, una estructura institucional burdamente reacomodada y solo maquillada superficialmente tras el fallecimiento de Francisco Franco. Porque es eso lo que tenemos en este país: una justicia heredada del franquismo en sus coordenadas generales.
En aquellos años, el temor a que lo desatado a medias acabara recomponiéndose, unido a la extremada prudencia de Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Felipe González y el rey Juan Carlos, determinó que lo esencial del aparato de justicia existente saliese indemne de la transición. A ello contribuyó también la generosidad colectiva de una opinión pública que solo quería mirar hacia adelante.

Todos estos factores limitaron las urgencias del cambio a la construcción de un sistema parlamentario de partidos, a un reconocimiento moderado de la pluralidad nacional, y a un replanteamiento orgánico y funcional del Ejército. Y el Ejército actual, en buena parte gracias paradójicamente al conato del 23-F y a su nítida supeditación posterior al poder civil, ya no tiene nada que ver con el de aquellos años. La integración en la OTAN lo ventiló por dentro al poner a nuestros militares en contacto con los de diversos países democráticos, mientras el final del servicio militar redimensionó su magnitud.
Con el Ejército en su sitio, lo único que desde el punto de vista institucional se parece en sus estructuras y en muchos factores ideológicos a lo que había en la vieja España son los poderes que rigen nuestro aparato de justicia. El llamado caso Garzón, con su extremada gravedad, nos lo está recordando. Y no únicamente a nosotros, sino asimismo a una buena parte de las instancias internacionales, que se pellizcan para confirmar que no es un simple mal sueño todo lo ancestral que pervive en este poder en la España de la imagen moderna, racional y progresista.
Las actuaciones de determinadas personalidades del Tribunal Supremo respecto al juez Baltasar Garzón me hacen pensar en aquellas situaciones extraordinarias en las que al final se invierten las cosas. Como en el caso de determinadas entrevistas periodísticas en las que, por la forma de preguntar o por el contenido de las preguntas, al final queda más retratado el entrevistador que el entrevistado, tengo la impresión de que en el caso Garzón quien va a ser juzgado atentamente por la opinión pública de aquí y de fuera es más el Tribunal Supremo que el famoso magistrado. Juzgado sobre su seriedad e idoneidad, juzgado sobre si tiene sentido en su actual formulación, juzgado sobre si lo que administra es realmente justicia o no.
Para una buena parte de los ciudadanos, Garzón es el juez del coraje para intentar llevar a los banquillos a todo lo que hay, junto a los pistoleros, en el terrorismo de ETA; a todo lo que rodea al narcotráfico; a todo lo que envolvía al terrorismo de Estado de los GAL; a las responsabilidades de las principales entidades bancarias en relación a depósitos económicos en paraísos fiscales; a las actividades delictivas de Pinochet… No se le considera un superhombre, pero sí un profesional que, sin duda con algunos errores humanos y profesionales, intenta que la justicia llegue hasta esferas que otros jueces no han llegado a rozar.
Para muchos ciudadanos, Garzón está siendo acorralado en sospechosa coincidencia con sus investigaciones en el caso Gürtel, la corrupción presuntamente relacionada con el PP o con actividades financieras de algunas personalidades relacionadas con este partido. Parece claro que si quienes le atacan consiguen desprestigiarle e inhabilitarle, las pruebas que ha logrado reunir Garzón sobre estos delitos quedarán relativizadas.

Para muchos ciudadanos resulta incomprensible que la investigación de los crímenes del franquismo se acabe convirtiendo en una investigación al juez que intenta levantar una punta de la espesa alfombra que todavía los recubre. Y como si se tratase de la prueba del nueve, la presencia de los fascistas de Falange Española en lo que podríamos llamar la actuación coordinada o trama, en el sentido popular de la palabra, que acusa al juez, deja las cosas claras sobre el sentido ideológico de lo que intentan imputarle.
Afortunadamente, la opinión pública está dándose cuenta de lo que sucede y con ello, con la lupa colectiva puesta sobre las actuaciones del Supremo en relación con este juez, se empieza a producir el efecto que señalaba antes: quien va a ser juzgado por el sentido común y por la racionalidad de los ciudadanos es más el alto tribunal que la persona a la que algunos quieren ver en el banquillo. Y lo que haga y decida el Supremo será analizado a fondo por las instancias jurídicas y políticas internacionales. Si España tuviese por una vez un poco de suerte, quizá el caso Garzón sea para nuestra vieja justicia lo que el 23-F fue para nuestro viejo Ejército franquista. Es decir, tal vez sirva para empezar a poner nuestro poder judicial al nivel de lo que merece un país democrático que vive en el siglo XXI.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=689519&idseccio_PK=1498

El ‘caso Garzón’

El ataque al magistrado atañe a toda la Europa democrática y liberal. Calificar como prevaricación el abrir diligencias sobre los crímenes del franquismo supone una amenaza neototalitaria a la división de poderes

PAOLO FLORES D’ARCAIS 18/02/2010

El ostracismo al que los sectores antidemocráticos de España quieren condenar al juez Baltasar Garzón no es una mera cuestión interna española, sino que atañe a Europa entera y a su porvenir: se debate si las perspectivas de futuro del viejo continente seguirán siendo las de la democracia liberal, o si sobre las ruinas de una división de poderes aborrecida por el establishment se afirmará cada vez más la tentación de un modelo neototalitario, al estilo de Putin o de Berlusconi.

Lo que está en juego en el caso Garzón es, en efecto, la propia autonomía de la judicatura. Sin una intransigente custodia de esa autonomía, y sin un sistema informativo realmente pluralista e imparcial (cuya estrella polar ha de ser el respeto por las “modestas verdades de hecho”, en las que Hannah Arendt veía el antídoto contra las tentaciones totalitarias de toda forma de poder), la democracia liberal corre serio peligro, al ver minada su propia esencia.

Pero los enemigos de Garzón (que en este caso coinciden con los enemigos de la democracia liberal) se defienden sosteniendo que son ellos los auténticos defensores de la autonomía del poder judicial, dado que es una instancia judicial, el Tribunal Supremo (TS), la que debe juzgar a Garzón y su supuesta prevaricación. Sin embargo, observando las cosas sin ira et studio y sobre todo recurriendo a la lógica de forma rigurosa (lo que en la actividad jurídica no puede ser nunca un extra), no resulta difícil apreciar el vuelco orwelliano que experimenta la expresión “autonomía de la magistratura”. Veámoslo con detenimiento.

Magistrado de la Audiencia Nacional, Garzón representa -para simplificar y atenernos al lenguaje internacional comprensible- al juez de instrucción. Considera que ciertos hechos pueden adscribirse a una categoría delictiva prevista por una ley (asume una notitia criminis), realiza las indagaciones pertinentes y procede eventualmente a la incriminación de quienes considera culpables. El juez de instrucción, obviamente, puede equivocarse: sea por considerar culpable a un inocente (para quien las pruebas no resultan suficientes, “más allá de toda duda razonable”), sea por considerar hecho delictivo un comportamiento que no está tipificado como tal por la ley (y el imputado será absuelto “porque los hechos no constituyen delito”).

Que el juez de instrucción pueda haberse equivocado es decisión del juez enjuiciador (por lo general un tribunal de varios miembros, en número impar). Todos los distintos ordenamientos democrático-liberales, sin embargo, prevén la posibilidad de una “apelación”, es decir, de una (o incluso dos) instancias sucesivas de juicio, que pueden dar la vuelta a la sentencia inicial y declarar errado un comportamiento juzgado justo, así como justo otro que había sido considerado errado. Sólo la sentencia definitiva e inapelable es, en sentido jurídico, la “justa”. Por más que, como sabemos, no pocas sentencias definitivas resulten erróneas en su esencia (se condena a inocentes, a muerte incluso, y se absuelve a culpables, de horrendos crímenes incluso). Pero es eso lo mejor que se ha conseguido excogitar hasta ahora para aproximarnos al ideal de la justicia.

Son cosas archisabidas que ni siquiera debería hacer falta recordar. Debemos prestar atención, sin embargo, a una consecuencia: en todas las fases de este procedimiento “en distintos estratos” podría darse el caso de que cada juez se equivocara en virtud de la decisión del juez sucesivo (y respecto a la justicia en sentido ideal y sustancial). Ahora bien, la única sanción que para tal equivocación cabe es una sentencia que desmienta las conclusiones del juez en cuestión. Si tales conclusiones, por el contrario, pudieran convertirse a su vez en motivo para una incriminación del juez (si una investigación, o una sentencia, pudieran convertirse en delito de prevaricación), la autonomía de la magistratura quedaría aniquilada y engullida en una guerra entre jueces en la que todos se hallarían, en relación a sus colegas, en la situación hobbesiana de homo homini lupus. ¿Cuántos jueces podrían seguir incriminando, dado que en caso de absolución del imputado podrían ser acusados de prevaricación? Pero es que tampoco podrían absolver tranquilamente, porque si la instancia superior condenase más tarde al imputado, quien lo hubiera absuelto en primer grado podría ser acusado de prevaricación (hacia las víctimas del delito, por ejemplo).

Es éste el verdadero aquelarre de anomia al que podría llegarse si se llevara a sus extremas (es decir, lógicas) consecuencias la pretensión de acusar de prevaricación a un juez sólo por interpretar una ley de forma diferente a la de su colega.

Pero en el caso de Baltasar Garzón, la cuestión es aún más grave, porque no se ha producido todavía la sentencia de un tribunal acerca de la culpabilidad o inocencia de los eventuales “criminales” de la época de Francisco Franco, sobre los que Garzón estaba investigando. Lo que se pretende juzgar como “delito” es nada menos que la apertura de diligencias y sus primeras medidas (exhumación de cadáveres, etcétera).

De esta manera se convierte en ley suprema la siguiente aberración jurídica: cualquier juez de cualquier clase o instancia, cuando advierte indicios de delito, instruye diligencias, lleva a juicio o, con mayor motivo, promulga una sentencia, en caso de que choque con la opinión de la mayoría del Tribunal Supremo, podría ser acusado de prevaricación. Lo que significa que la única magistratura “autónoma” en España sería el propio TS, y todos los demás jueces se verían abocados a volverse clones del TS, so pena de ser expulsados de la carrera judicial. Una auténtica lógica de la depuración, que hace del TS no ya un órgano de rango superior que no sólo puede dar la vuelta a los veredictos del resto de los jueces, sino también expedientarlos a su gusto, impidiendo que los procesos tengan lugar, o incluso que comiencen.

Omito la circunstancia de que en el Tribunal Supremo haya una densa presencia de magistrados con evidentes simpatías por el franquismo (algo que en su momento la recién nacida democracia española hubiera debido impedir, con una depuración análoga por lo menos a la realizada en Alemania tras el periodo nazi), y que la voluntad de exiliar a Garzón se plantee con singular tempestividad tras sus indagaciones en dos de los casos menos digeribles para la derecha española (cada vez más tentada por las sirenas extremistas): el de los crímenes franquistas y el de la supuesta amplia corrupción del caso Gürtel en Valencia.

Me he querido limitar únicamente a los aspectos de lógica jurídica que la eventual defenestración de Garzón de la magistratura implica. Y es que están sonando las alarmas por la autonomía de la magistratura en toda Europa, visto que dicha autonomía es objeto de ataques cada vez más frecuentes. Lo digo desde un país donde el tiro al blanco del régimen de Berlusconi y del establishment contra los magistrados que persiguen la corrupción y la mafia (y las tramas político-empresariales que de ellas se derivan) es desde hace años sistemática y cada vez más violenta, sin que las instituciones europeas se percaten de la gravedad del peligro. España, gracias entre otras cosas a las actuaciones ejemplares de Baltasar Garzón (que parecen encarnar aquel “¡Jueces hay en Berlín!” de la famosa anécdota del molinero de Federico II) parecía desde este punto de vista un posible baluarte contra tentaciones putinianas, berlusconianas o autoritarias de cualquier tipo. Evidentemente, era sólo una ilusión.

Me parece imposible pensar que un recurso contra las pretensiones del TS (si es que realmente llega a procesar al juez Garzón) pueda ser rechazado por el Tribunal Constitucional español o por alguno de los tribunales europeos. Porque en tal caso quedaría legitimado ese caos jurídico que a grandes líneas hemos dibujado (hasta el caso límite, aunque no imposible en esta lógica, de que una distinta mayoría del Supremo pudiera depurar a algunos de sus propios miembros que en el pasado hubieran…). Pero habrían pasado ya años y, entretanto, Baltasar Garzón habría dejado de estar en condiciones de hacer daño, es decir, de ejercer como magistrado con esa autonomía y rigor jurídico y moral que en todo el mundo democrático se le reconoce y por el que se le admira (mundo en sentido literal, de norte a sur). Y en Europa todos seríamos un poco menos iguales y menos libres.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/caso/Garzon/elpepuopi/20100218elpepiopi_11/Tes

En defensa del juez Garzón

Fran Ruiz | Opinión

Viernes 19 de Febrero, 2010 | Hora de modificación: 01:53

De la marea de apoyos que desde todo el mundo está recibiendo Baltasar Garzón, al borde de ser procesado y expulsado del Poder Judicial español por un delito de prevaricación, me quedo con un adjetivo que resume la cadena de acontecimientos que lo ha llevado a esta situación: esperpéntico.

Como bien lo recuerda Robert Bosschart para Radio Nederland, España parece empeñada en hacer honor a ese término que a principios del siglo XX acuñó el escritor Ramón del Valle-Inclán para denunciar esa tendencia a “deformar grotescamente la realidad, resaltando sus rasgos más absurdos”.

En este reino de lo absurdo (España), los herederos de los criminales (grupos de extrema derecha encabezados por la Falange Española, último reducto del franquismo) son los que denuncian, mientras que el que pretende juzgar esos crímenes del pasado (el juez Garzón) es quien podría ser imputado. En este reino de lo absurdo, el juez que más impulsó la justicia universal en el mundo no sólo no puede hacer lo mismo en su propio país sino que puede ser defenestrado por ello.

El juez Garzón, probablemente afectado por ese cargo de conciencia que suponía perseguir crímenes contra la humanidad en todo el mundo, menos los ocurridos en su propio país durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), aceptó abrir proceso contra esas oscuras cuatro décadas de la historia de España, como así se lo pidieron asociaciones que habían llegado a la misma conclusión que él: si el imperio de la justicia universal se imponía en muchas partes del mundo ¿por qué no en España, uno de los países que más ha luchado por este derecho?

Garzón aceptó enmendar esta anomalía histórica hace dos años y se declaró competente para investigar los crímenes de la guerra y la dictadura. Abrió de esta manera la Caja de Pandora de donde se escaparon los fantasmas más siniestros del siglo pasado en España. En 35 años de democracia restaurada ningún tribunal se atrevió a imputar delitos a autores de esos crímenes, ni siquiera a ordenar el levantamiento de fosas comunes, donde tantos españoles fueron fusilados, como el poeta Federico García Lorca, para que los familiares puedan dar un entierro digno.

Esto fue así porque tras la muerte de Franco, en 1975, los líderes políticos de la transición pactaron una ley de amnistía total; algunos de esos “padres” de la democracia eran ex ministros franquistas como Manuel Fraga, fundador del PP, o el entonces presidente del gobierno Adolfo Suárez, e incluso antiguos combatientes, como el líder comunista Santiago Carrillo, que luchó en el bando republicano.

Quizá aceptaron ese pacto por un deseo urgente de reconciliación nacional o porque se sentían aún traumatizados por los horrores de una guerra fratricida que dejó más de un millón de muertos y otro millón más de exiliados; puede que ambas cosan hayan influido, pero lo que es seguro es que decretaron dicha amnistía porque tenían miedo al Ejército, y a que los generales que lucharon con Franco en el bando nacional se levantaran de nuevo en armas.

Este pacto permitió efectivamente una transición a la democracia que aún se sigue considerando modélica. Lo fue en el sentido de que los españoles no volvieron nunca más a enfrentarse a cañonazos sino en las urnas, pero fue un cierre en falso, injusto y humillante para las víctimas, igual que lo fueron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas en Argentina tras la restauración democrática, dejando en la impunidad a cientos de represores y en el más absoluto desamparo a las familias de las víctimas, como las madres de Mayo que no se rindieron y protestaron hasta que, gracias al impulso de jueces como Garzón, se revocaron esas leyes y se empezó por fin a impartir justicia.

El arresto de Pinochet ordenado por Garzón fue el parteaguas en la lucha por una justicia universal en la que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Las entonces jóvenes democracias sudamericanas, como la chilena, la uruguaya o la propia argentina, las que comprendieron que si ellos no enfrentaban su pasado en los tribunales, lo harían en otros lados, en España o en La Haya.

Todo esto se lo debemos al juez que la extrema derecha española, apoyada servilmente por diarios como El Mundo, pretenden sentar a Garzón en el banquillo de los acusados por haberse atrevido a investigar los crímenes del franquismo. El día que lo consigan al menos sabrán que allí estará medio mundo para apoyarle.

fran@cronica.com.mx

http://www.cronica.com.mx/notaOpinion.php?id_nota=488965

La causa abierta de Garzón

Miguel A. Díaz | Actualizado 19.02.2010 – 01:00

SI de algo es culpable el magistrado Baltasar Garzón, es de haber pecado de inocencia y confiar en que desde la política él podría hacer más cosas y mejor.

Y es que, como decía y dice un andaluz eterno y universal, Carlos Cano, “política, no seas esaboría y arrímate un poquito al querer”.

Esto que hoy digo en público, tuve la oportunidad de decírselo en persona, con motivo de la campaña electoral en la que él era el conejito estrella que salía de la chistera.

Y es que, cuando un juez deja la coraza protectora que le dan la toga y los tribunales de justicia, éste se vuelve vulnerable hasta el punto de que cualquiera se atreva a cuestionárselo todo.

En el caso de Garzón, éste pudo ser su talón de Aquiles y por ello fue marcado por el conservadurismo de este país, pero sobre todo por la extrema derecha, que no descansa en esta ni en otras cuestiones.

Y si no, que se lo pregunten al Defensor del Pueblo Andaluz, nuestro amigo José Chamizo, que está probando en sus carnes la sinrazón de quien no le perdona que sea un hombre cercano a los marginados y a la causa del progreso de la sociedad.

A Garzón se le tenía permitido que fuera uno de los jueces que más etarras metiera entre rejas, o que los traficantes de armas, trata de blancas o narcotraficantes lo tengan entre sus objetivos amenazadores. También era de recibo que persiguiera a las mafias rusas o calabresas, o a las células durmientes o despiertas del terrorismo internacional.

Pero el magistrado no midió las consecuencias cuando empezó a destapar casos de corrupción política de uno y otro signo, o emprendió una lucha sin cuartel contra los sanguinarios dictadores de América Latina, cuyo mayor exponente fue el procesamiento y el arresto domiciliario londinense del criminal Augusto Pinochet.

Aunque, amigo lector, lo que algunos ya no podían permitir es que quisiera investigar los crímenes execrables del franquismo, o el que los hijos y nietos de los fusilados y desaparecidos quieran dar un entierro digno a los que murieron por culpa del golpe de estado del 36.

O saber cuál fue el paradero de los niños perdidos de la guerra y de la represión franquista (en torno a 30.000) que fueron arrancados de los brazos de sus madres sin que se sepa a ciencia cierta su paradero.

Es verdad que Baltasar Garzón tiene abierta una causa, pero es una causa buena. Es la de los que creemos en la justicia social, de la que depende que una parte muy importante de los ciudadanos de este país y de la comunidad internacional, sigamos confiando en la diosa Justicia y en el estado de derecho.

http://www.europasur.es/article/opinion/634961/la/causa/abierta/garzon.html